Recientemente, informábamos del curso que seguía el denominado “Caso Legionella” del Ayuntamiento de Benalmádena. En agosto pasado, ElPlural se hacía eco de una noticia generada en Benalmádena. Se trataba de que este ayuntamiento malagueño gobernado por el PP adquirió una supuesta “supermáquina” para prevenir la legionella en los colegios y, curiosamente, a los tres meses, surgió un brote en un centro escolar.
El regidor popular Juan Antonio Lara, tres meses antes, en octubre de 2023, compró a través de la empresa municipal Provise por un importe de 35.404,60 euros, esa maquinaria cuya adquisición se justificaba especialmente en la prevención de la legionella y otras bacterias en los colegios e institutos de Benalmádena. El ayuntamiento abonó en dos facturas a dos empresas distintas, emitidas el mismo día y por un importe idéntico de 17.702,30 euros, laminando y orillando así una licitación pública con la pertinente concurrencia de otras empresas del sector potencialmente interesadas en concursar. Los socialistas desconfiaron de la idoneidad de la compra y del proceso de contratación y, por eso, denunciaron ante la justicia.
Fiscalía actúa: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude
Ahora, tras conocerse que la Fiscalía ha trasladado al juzgado los hechos denunciados, la cuestión toma cuerpo y se complica judicialmente para el equipo de Gobierno popular. El auto del fiscal al que hemos tenido acceso, señala que se procede la remisión de los hechos denunciados a los juzgados para la apertura de diligencias previas por supuestos delitos contra la administración pública. Además de ello, se estima oportuna la ratificación de la denuncia de la oposición socialista por lo que se pide “declaración como investigados a los denunciados en los que proceda”.
Cabe recordar que en la denuncia se advertía de que en la adquisición por parte del Ayuntamiento, es decir, con dinero público del presupuesto municipal, pudieran haberse dado hechos consecutivos de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude, por parte del alcalde y, a su vez, presidente de Provise. También habría que añadir a la gerente de esta empresa pública más tres empresarios presuntamente implicados en el proceso de contratación. Se da la circunstancia, de que uno de estos empresarios es el marido de la actual concejala del gobierno municipal. Este último, también tiene otras denuncias por supuestas amenazas y calumnias contra un edil del PSOE, formación que inició este proceso con la interposición de la denuncia.
En el auto adjunto se ve como la Fiscalía Provincial de Málaga mantiene que se solicite al secretario municipal del Ayuntamiento de Benalmádena una copia compulsada de los documentos del proceso de contratación de las máquinas en cuestión así como le reclama un informe sobre los representantes y empleados públicos denunciados de dicho Consistorio. Por todo ello, finaliza el auto, considerando que se debe de abrir una investigación sobre las empresas involucradas así como de las “relaciones afectivas o familiares con cargos públicos”.
