Salvo la retirada de los cargos de prevaricación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, la Fiscalía no ha modificado su escrito provisional de acusación al elevar hoy a definitivas sus conclusiones durante la sesión del juicio de los ERE.
Tras las conclusiones los fiscales, los abogados de la acusación y de las defensas expondrán las suyas; a su término, los acusados podrán ejercer, si así lo desean, su derecho a una última palabra. Se prevé que el juicio concluya antes del 2 de diciembre, fecha de las elecciones andaluzas.
El procedimiento
Los 22 ex altos cargos procesados –que hoy han vuelto al banquillo– se quedan en 21 según el Ministerio Público, pero las penas que solicitaba inicialmente contra ellos siguen siendo las mismas: cárcel e inhabilitación para unos y solo esta última pena para otros.
Están acusados de crear y mantener, entre los años 2001 y 2010, un procedimiento irregular de concesión de ayudas "para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas para trabajadores de empresas en crisis hasta acceder a su jubilación".
Aunque quienes ocuparon altos cargos en Presidencia, Hacienda, el IFA/IDEA, la Intervención o el Gabinete Jurídico no gestionaron la concesión de las ayudas supuestamente malversadas, la Fiscalía entiende que todos ellos eran conscientes de estar manteniendo y financiando un sistema ilegal y no sometido a la fiscalización prescrita por las leyes.
Los debates periciales
A lo largo del último mes se han abordado en el juicio cuestiones extremadamente técnicas, como las transferencias de financiación para allegar fondos al IFA/IDEA para pagar las ayudas; la fiscalización previa de las ayudas; el marco normativo de dichas ayudas; las competencias presupuestarias del consejero de Hacienda o del director de Presupuestos; o el si al Parlamento le fue hurtada por el Gobierno información sobre el programa con el que se abonaban las ayudas.
En opinión de la Fiscalía, una de las piezas clave del engranaje presupuestario que hizo posible la gestión irregular de 855 millones de euros durante diez años fueron las transferencias de financiación, que para la acusación pública se utilizaron de manera ilegal. Sin embargo, las sesudas –y en ocasiones encendidas– controversias mantenidas en la vista oral por los peritos judiciales y los peritos de las defensas han sembrado bastantes dudas sobre la función y el destino que la ley atribuye a las transferencias de financiación. No es extraño que bastantes de los procesados tuvieran dificultades para entender los matices argumentales de unos y otros peritos.
La prevaricación
Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dieron buenos argumentos técnicos, pero los peritos de las defensas también lo hicieron. Ese intercambio de razones y de alusiones a la legislación hace menos verosímil la comisión del delito de prevaricación, pues este requiere tomar a sabiendas decisiones inequívocamente contrarias a la ley e imposibles de defender con argumentos jurídicos.
Las razones aportadas por los peritos de las defensas evidencian que cabía una interpretación de las transferencias de financiación distinta y alternativa a la sostenida por la acusación.
Las penas
La Fiscalía sigue solicitando diez años de inhabilitación para siete de los acusados por un delito de prevaricación: el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
También pide entre seis y ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente y exconsejero de Economía José Antonio Griñán, la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado y los ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete. A todos ellos los acusa de prevaricación y malversación.
