Juan Ramallo, perito propuesto por la exconsejera Magdalena Álvarez: los informes de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "preparan el terreno para concluir que el Parlamento aprobó una ley de Presupuestos fraudulenta".

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE: el Parlamento andaluz "fue inducido a error por el Consejo de Gobierno porque los proyectos de presupuestos estaban fraudulentamente elaborados".

Debate caliente hoy en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla para determinar si una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía cometieron prevaricación y/o malversación al crear, mantener o consentir un sistema de ayudas sociolaborales por el que se repartieron durante una década 850 millones de euros.

La mayor parte de ese dinero tuvo como destino complementar la renta de más de 6.000 trabajadores hasta su edad de jubilación, aunque también hubo ayudas directas a empresas o instituciones. Muchas de las ayudas, que decidía la Consejería de Empleo, se otorgaron de manera opaca, irregular o sin contar con un expediente administrativo propiamente dicho. 

Un debate caliente

Lo que en principio debía ser un debate puramente técnico de expertos en materias como derecho financiero, estructura presupuestaria o herramientas de gasto público está derivando en una confrontación que se asemeja bastante a las que tienen lugar en cualquier Parlamento entre adversarios políticos irreconciliables.

En realidad, era previsible que así fuera pues las tesis presupuestarias defendidas por los peritos de la causa, por una parte, y los peritos de la defensa, por otra, tienen un alcance no solo penal sino también político. A fin de cuentas se trata de determinar si, durante diez años, el Parlamento conocía realmente lo que aprobaba o si de algún modo fue engañado por el Gobierno.

Un informe crucial

El informe encargado en su día por la juez Mercedes Alaya a los peritos de la IGAE, de crucial trascendencia en el relato de las acusaciones, sostiene que “el Parlamento fue inducido a error” y es lo que ha repetido hoy ante el tribunal el perito jefe Turrión.

En el acto de ratificación de su informe, los peritos argumentaron que esa inducción al error de sus señorías fue posible “por el error a su vez contenido tanto en el Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo, como en el Proyecto de Presupuesto de IFA/IDEA, que había sido erróneamente elaborado por la Consejería de Hacienda”.

Tirando de diccionario

¿’Inducir a error al Parlamento’ es lo mismo que engañarlo? El perito de la defensa Juan Ramallo piensa que sí, pero el perito judicial Ángel Turrión sostiene que no. Decir que quienes hacen los Presupuestos buscan “hacer un fraude al Parlamento” es un ataque en toda regla “al corazón del sistema democrático", afirmaba Ramallo.

En absoluto, replicaba Turrión: “No decimos eso en nuestro informe; nunca hemos dicho que la Ley de Presupuestos es una ley errónea o fraudulenta. Lo que sí hemos dicho es que el Parlamento fue inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo hemos dicho claramente muchas veces porque el proyecto de Ley estaba fraudulentamente elaborado en el sentido que el diccionario de la RAE da al término como engañoso o falaz".

Engaños y sofismas

En el debate terciaba también el también perito de la defensa Juan Antonio Carillo, para quien la afirmación de Turrión es "un sofisma" y una aseveración totalmente "falaz", pues la Cámara andaluza "jamás ha sostenido" que las transferencias debieran ser siempre y en todos los casos para cubrir la cuenta de pérdidas de los entes públicos.

En general, tanto los peritos propuestos por los distintos procesados como los propios defensores encuentran inverosímil que el Parlamento pudiera ser engañado. Aunque Turrión intentó argumentar que no es eso exactamente lo que dice su informe, la verdad es que se le parece bastante.

Las dichosas transferencias

El debate sobre la naturaleza y el destino de las transferencias de financiación –partidas presupuestarias destinadas al IFA/IDEA con las que estos organismos pagaban las ayudas decididas por la Dirección General de Empleo– ha ocupado buena parte de la sesión de este miércoles. Turrión apeló a la legislación autonómica –"hay más de 40 normas y más de 20 leyes"– para defender su tesis de que las transferencias "valen exclusivamente para financiar pérdidas y el importe no aplicado debe ser reintegrado".

Los peritos de la defensa opinan de modo muy distinto: "Una transferencia sirve para lo que el legislador dice cuando las otorga", quiso zanjar el catedrático Zornoza, propuesto por el expresidente José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano.