Permanecen en sus hogares
"Las familias que solicitan este servicio a la Junta se encuentran en riesgo de desahucio puesto que no pueden satisfacer la deuda contraída con la entidad financiera", ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha explicado que "acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda. Gracias a la labor de estas oficinas, en todos los casos estas personas permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa".
Con el apoyo de 203 ayuntamientos
La consejera ha explicado estos datos en el acto de firma del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda con cinco municipios de la provincia, donde son ya 54 los que se han sumado a "este frente contra los desahucios". En Andalucía esta iniciativa cuenta con el apoyo de un total de 203 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Cortés ha agradecido a los alcaldes de Cuevas del Becerro, Cortes de la Frontera, Teba, Villanueva del Rosario y Antequera su apoyo al convenio de colaboración con la oficina, que abrió en octubre de 2012 y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada". "Este programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", ha añadido Cortés, que ha animado al resto de municipios malagueños y a la Diputación a adherirse al Programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía".
Casos atendidos en la oficina de Málaga
Del conjunto de 679 casos tramitados, 78 de ellos se han abierto en el área de prevención, 547 en la de intermediación y 54 en el ámbito de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que "temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen", ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben "información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda".
Fase de intermediación
En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 547 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han permitido alcanzar soluciones para la dación en pago, el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la suspensión de la subasta de la casa o el lanzamiento hipotecario, entre otras. "Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa. Sin embargo, la responsabilidad para solucionar los problemas de fondo de estas familias la tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y no lo hace", ha señalado Cortés, que ha afirmado que la Consejería de Fomento y Vivienda está "poniendo en marcha medidas, en el ámbito de sus competencias, para combatir los desahucios, tanto con estas oficinas como con el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda".
"Podremos ofrecer un respiro a las familias"
"Tanto este Decreto-Ley como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo fortalecen enormemente este programa contra los desahucios, al dar más herramientas de defensa a las familias que acuden a las oficinas", ha señalado Cortés. En este sentido, ha afirmado que las oficinas son puerta de entrada de las familias que pretenden acogerse a la expropiación temporal del uso de sus viviendas. "En los casos en que cumplan los requisitos, podremos iniciar los trámites para expropiar temporalmente las viviendas y ofrecer un respiro a las familias que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha explicado. En la fase de protección, han acudido a la oficina 54 personas. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.
Entrega de 17 VPO en Cartaojal
Por otra parte, 17 familias de Antequera han recibido de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, las llaves de sus nuevos inmuebles protegidos en régimen de alquiler con opción a compra construidas por la Junta de Andalucía en la pedanía de Cartaojal, concretamente entre las calles Nueva y 28 de Febrero.
Sin necesidad de realizar un fuerte desembolso
Gracias a esta modalidad, los inquilinos tienen la oportunidad de ejercer de forma inmediata, y sin necesidad de realizar un fuerte desembolso que menoscabe su economía familiar, el derecho estatutario y constitucional de acceso a una vivienda digna a precio asequible. Si los interesados desean adquirir estas casas podrán hacerlo entre el primer y el quinto año, con la particularidad de que al precio final del inmueble, que ronda los 104.000 euros, se descontará entre el 90% y el 60% de la cantidad que se haya entregado en concepto de rentas.
"Para asegurar la función social de la vivienda"
"Con esta medida se logra aprovechar en un alto porcentaje las rentas satisfechas durante ese periodo", ha destacado Cortés en el acto de entrega, donde ha explicado que su departamento "ha aplicado en esta promoción las medidas para asegurar la función social de la vivienda anunciadas en el Parlamento andaluz para las VPO impulsadas desde la Administración autonómica". En virtud de esta iniciativa encaminada a facilitar la adjudicación, la Junta ha cambiado la calificación de los inmuebles, que en origen eran en venta, y además, se ha reducido en un 40% el precio del alquiler durante los cuatro primeros años.
No pueden superar las 3,5 veces el IPREM
Los destinatarios de estas viviendas protegidas cuentan con ingresos económicos que no superan las 3,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a unos 26.000 euros netos anuales. De acuerdo a ese nivel económico de las familias, las rentas que deberán abonar los adjudicatarios rondan los 177 euros mensuales, en el caso de los inmuebles de menor tamaño, y los 274, para las viviendas de mayores dimensiones. Esas cuantías implican destinar menos de una carta parte de sus ingresos.
28 viviendas protegidas
Estas casas que se entregan se integran en una promoción de 28 viviendas protegidas, con lo que se completa el proceso de adjudicación. La actuación cuenta con una inversión autonómica de tres millones de euros, en concepto de ejecución de obras y redacción de proyectos, incluyendo además todos los gastos derivados de la gestión de la intervención. Ha sido promovida por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que ha construido el edificio sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Antequera para promover iniciativas residenciales protegidas. Los inmuebles son unifamiliares y poseen unas superficies útiles que varían entre los 82,52 y los 90 metros cuadrados. Todas las viviendas tienen dos plantas, cuatro habitaciones y una plaza de garaje vinculada. Como novedad, la promoción cuenta con un sistema de captador de energía solar que permite la producción de agua caliente sanitaria. La promoción se enmarca en una intervención residencial de mayor envergadura que consta de 48 viviendas y que ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía en tres fases con una inversión global de 4,20 millones de euros.
