¿Tras el final del estado de alarma volverá la atención presencial a las personas que necesiten realizar gestiones ante cualquier administración pública?, se preguntan miles de personas en todas la comunidades autónomas. La pandemia de la covid 19 ha obligado a acelerar la implantación de la administración electrónica, pero la precipitación y la descoordinación a la hora de poner a punto los distintos trámites telemáticos han creado nuevas brechas a la hora de usarlos.

La brecha digital de millones de personas mayores se ha agravado en la coyuntura pandémica por la imposibilidad de acudir a medios alternativos, como la atención presencial o la telefónica para resolver problemas burocráticos. En Andalucía, son ya muchas las personas que tienen dos citas para vacunarse en distinta fecha: la que han conseguido tras perder horas para que les atiendan en Salud Responde o en ClicSalud, y la que les ha llegado vía SMS.

A la dependencia física que entraña la vejez en muchos casos, se añaden ahora nuevos dependientes tecnológicos que requieren ayuda de otras personas en sus gestiones administrativas porque la transformación digital de la sociedad no es inclusiva.

La digitalización no tiene por qué convertirse en una coartada para la exclusión social de miles de trabajadores bancarios, personas mayores sin habilidades digitales o habitantes de la España vacía a la que se le suprimen facilidades y servicios en demasiados ámbitos.

La brecha digital de los mayores se intenta paliar desde la sociedad civil con proyectos de alfabetización digital de ONGs y fundaciones que deben contar con la máxima prioridad de las administraciones responsables. Pero hay que saber que, pese a esas loables iniciativas, las miles de personas que padecen un deterioro cognitivo por enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil seguirán engrosando las filas de la dependencia tecnológica.

La agenda social que la cumbre de la Unión Europea de Oporto ha relanzado para frenar el avance de la desigualdad tiene muchas vertientes como la señalada en estas líneas que requieren un abordaje urgente. El dinero de Bruselas para los planes de recuperación obliga a que estos se ajusten al Pacto Verde Europeo y a los ODS de Naciones Unidas, uno de los cuales el número 10 es la reducción de las desigualdades.

Pero, a la vista de los anuncios que realizan las grandes empresas, mucho me temo que asistamos a una merienda de los fondos europeos con los comensales de siempre: eléctricas, telecos, farmacéuticas y los bancos que deben financiar los proyectos.