El primer Barómetro Andaluz que se publica después de las elecciones del 19 de junio no se anda con disimulos: su cuestionario incluye preguntas cuya propia formulación ya parece inducir a ciertas respuesta y cuyo contenido incluye materias políticamente controvertidas que competen al Gobierno de España, pero excluye otras igualmente incómodas que son competencia del Gobierno de Andalucía.

En estimación de voto la encuesta, cuya cocina gestiona la Consejería de Presidencia a través de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), no ofrece grandes sorpresas: augura que el PP mejoraría su actual mayoría absoluta de 58 diputados, llegando hasta los 60 con un 45,5 por ciento de los votos. Tendría además una ventaja de 24,4 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 21,1% de los sufragios, tres puntos menos que en junio, y bajaría a 27 o 28 escaños frente a sus actuales 30.

Vox repetiría como tercera fuerza más votada con el 11,5% de los sufragios y Por Andalucía, que se quedaría con el 11,4%, y ambos empatarían en número de escaños, logrando cada fuerza entre 10 y 11. Es llamativo que Por Andalucía doble los 5 escaños obtenidos hace solo cuatro meses, mientras que su competidor directo, Adelante Andalucía, mantiene sus dos escaños y sube casi medio punto.

Pero lo más llamativo del Barómetro, cuyo responsable último es el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno Antonio Sanz, es el propio cuestionario, cuyo sesgo partidista es mucho más acusado que los anteriores barómetros gestionados por Elías Bendodo, antecesor de Sanz en el cargo.

Los encuestadores preguntan si “son suficientes o insuficientes las medidas que está tomando el Gobierno central para afrontar la subida de precios”, pero no sobre si son adecuadas las que maneja el Gobierno autonómico para contener los precios.

El Barómetro Andaluz plantea varias preguntas sobre el conflicto entre el taxi y el servicio de VTC, pero ninguna de ellas sobre la gestión que la Junta de Andalucía, competente en la materia, ha venido haciendo del mismo y que los taxistas consideran que favorece a sus competidores.

En la pregunta sobre “cuál cree usted que es la mejor manera de afrontar la subida de los precios”, la primera de las opciones de respuesta es “Bajar los impuestos”, que es una de las banderas ideológicas del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, al que la encuesta nombra como ‘Juanma Moreno’. 

Pese a su carácter fuertemente controvertido y a haber focalizado el debate político nacional durante varias semanas, la encuesta no pregunta por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, que supone un sustancioso regalo fiscal para las grandes fortunas y los contribuyentes con elevados ingresos.

Al preguntar por el “principal responsable” de la subida de precios, cuya generalización en la Zona Euro y en Estados Unidos la encuesta no menciona, la primera opción de respuesta es la pandemia, la segunda el Gobierno de Pedro Sánchez, la tercera la guerra de Ucrania y la cuarta la Junta de Andalucía.

¿Al borde un estallido social?

También resulta significativo el apartado del cuestionario que plantea a los encuestados si están “a favor o en contra" de varias afirmaciones, siendo la primera de ellas “Estamos al borde de un estallido social” y la segunda “Es necesario empezar a manifestarse ya”.

El Barómetro no olvida incluir dos preguntas sobre el caso de los ERE: “¿Está usted a favor o en contra de que el Gobierno de España indulte a José Antonio Griñán?” y “¿Está a favor o en contra de que se indulte al resto de altos cargos condenados?”.

También hay una batería de preguntas sobre la sequía y las medidas para combatir sus efectos, aunque no se alude a la amnistía o regularización de varios miles de hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que el Gobierno andaluz activó en el tramo final de su mandato y que posteriormente ha optado por congelar dada la oposición de las autoridades europeas y el movimiento ecologista.