El Ayuntamiento de Benalmádena ha vuelto a ser sancionado por la Justicia por vulnerar el derecho de acceso a la información pública. En esta ocasión, el juzgado ha impuesto una nueva condena, con una multa que podría alcanzar los 1.500 euros más impuestos, por el "excesivo e injustificable retraso" en la entrega de un expediente solicitado por el grupo municipal socialista en 2023.
Con esta resolución judicial, ya son cinco las sanciones impuestas al Consistorio por el mismo motivo. Todas ellas derivan de peticiones de información ignoradas o entregadas con meses —o incluso años— de retraso, una práctica que ha obligado al PSOE a acudir reiteradamente a los tribunales. Las multas, además, se sufragan con fondos públicos, por lo que son los vecinos de Benalmádena quienes terminan pagando el precio de estas actuaciones.
El expediente ahora entregado, solicitado en su día por el grupo socialista, hace referencia a una derivación de deuda con la Seguridad Social atribuida a Grupo Vera, la anterior concesionaria del Club de Hielo de Benalmádena. Los socialistas reclamaban la documentación tras la publicación en los canales oficiales del Ayuntamiento de una nota en la que el Gobierno local, presidido por Juan Antonio Lara (PP), responsabilizaba al anterior Ejecutivo (PSOE-IU) de poner en riesgo una subvención de cinco millones de euros por supuesta mala gestión.
La intención del PSOE era desmentir la versión oficial con pruebas documentales que, según afirman, demostrarían que el origen de la deuda no era atribuible a su gestión. “El alcalde Juan Antonio Lara no cuenta la verdad y prefiere ocultar en su comunicado institucional el verdadero origen de esta deuda para achacarlo a una presunta mala gestión por nuestra parte”, señaló entonces el portavoz socialista, Víctor Navas.
Tras múltiples solicitudes ignoradas y agotadas las vías administrativas, el grupo socialista acudió a la vía judicial. Finalmente, con el juicio ya señalado, el Ayuntamiento accedió a entregar la documentación, evitando así el litigio, aunque no la sanción. En su resolución, el juzgado recalca que el expediente “no revestía mayor complejidad”, lo que agrava la responsabilidad institucional del Consistorio.
En su valoración, el juzgado destaca el perjuicio causado y la mala fe del Ayuntamiento, motivo por el cual impone el pago de costas con cargo a las arcas municipales. “Este nuevo revés judicial evidencia la forma de actuar del Gobierno de Juan Antonio Lara, que prefiere que paguen los benalmadenses antes de cumplir con la ley de Transparencia”, criticó Navas.
Horizonte judicial intenso
La agenda judicial del alcalde Juan Antonio Lara continúa sumando frentes abiertos. Además de las cinco condenas por vulnerar el derecho a la información pública, existen casi una veintena de denuncias pendientes por incumplimientos similares. A ello se suman otras causas que ya han llamado la atención de medios de alcance nacional.
Entre ellas destaca el conocido como Caso Legionella, en el que el regidor ha sido citado a declarar como investigado por la presunta comisión de varios delitos contra la Administración pública, vinculados a la compra de maquinaria con fondos públicos por más de 35.000 euros. En este caso, el juzgado investiga posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
También está bajo la lupa judicial la tramitación de los presupuestos municipales de 2024, por una posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Ley Orgánica 2/2012. Asimismo, el PSOE ha denunciado al Puerto Deportivo por el supuesto contrato de una abogada que, según los socialistas, mantiene procedimientos abiertos precisamente contra la propia marina benalmadense.
