Estamos ante una condena inédita en España a una periodista por revelación de datos. Cabe destacar, en el caso que nos atañe, que ni siquiera existía secreto sumarial sobre la causa. La periodista condenada con prisión tendrá que pagar, además, una multa de 3.240 euros y queda inhabilitada para el ejercicio de la profesión de periodista mientras dure su condena.
La redactora del diario Huelva Información publicó varios contenidos de actualidad en los que se incluían entrecomillados de las diligencias abiertas por el asesinato de Luelmo, en la localidad de El Campillo (Huelva). Huelva Información y la periodista hacen frente también a una indemnización de 30.000 euros a los familiares de la joven.
La dirección del medio local Huelva Información ha atendido a El Plural para compartir su alarma por un fallo que se contrapone a un “derecho fundamental como es el derecho a la información”, Además, la Audiencia asume la existencia de una filtración del sumario, pero “en este caso, están atacando al mensajero –al periodista y al medio– y no a la fuente de la filtración. Es muy preocupante”, dice Javier Ronchel.
El fallo de los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva señala a cuatro artículos periodísticos que comprometen el derecho a la intimidad personal y familiar de la víctima. La sentencia ya ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y cuenta con el rechazo unánime de la profesión periodística, que califica la sentencia de “peligroso precedente” para la libertad de prensa y de información, consagrados como derechos fundamentales en la Constitución.
Intrusismo profesional
Uno de los malos que atañen al periodismo es el intrusismo profesional. Normalmente se aprecia en platós televisivos y tertulias, pero pocos esperaban un ejemplo del mismo proveniente desde la Justicia. “No podemos estar sujetos a que un juez sea quien valore qué es y qué no es noticia o publicable”, reflexiona Rochel. En este caso, el criterio informativo de la Audiencia envía a una informadora a la cárcel.
La sentencia de la Audiencia onubense considera que algunos detalles publicados eran innecesarios o irrelevantes para el interés público. Alude concretamente al hecho de que el medio publicara las últimas imágenes convida de Laura Luelmo, o que se publicara las tres versiones –contradictorias– que el asesino había dado, calificando dichos datos de “manifiestamente innecesarios e irrelevantes para el interés público”.
El tribunal también señala que la “profusión de datos sobre lesiones y violencia sufrida por la víctima, así como de fundamentos técnicos y los detalles proporcionados exceden la necesaria labor informativa que necesita la comunidad". Los Tribunales asumen aquí la capacidad de discernir qué información quiere o debe tener la sociedad sobre un hecho noticioso.
Rochel evoca que el doloroso asesinato de la joven Laura Luelmo fue uno de esos casos que “trascienden el ámbito regional” para convertirse en un evento de impacto nacional “con un interés real y social por conocer y contar con más información y nosotros cumplimos con nuestro papel como medio”, recuerda el director de Huelva Información.
Todas asociaciones de la prensa de Andalucía se han posicionado inmediatamente en contra de una sentencia que “puede generar un peligroso precedente”, advierte un comunicado conjunto de las entidades. Los profesionales lamentan que se señale a una profesional por una “práctica habitual en el ejercicio periodístico”.
No hay más que rastrear la hemeroteca o las secciones de Justicia para topar con numerosas noticias que adelantan información de sumarios. Eso es lo que hizo la periodista condenada ahora a cárcel. Jorge Muñoz, experto en Tribunales en el periodismo andaluz y perteneciente al mismo grupo periodístico califica la medida como un ataque sin precedentes, ”hasta ahora nunca se había producido uno tan desafortunado y peligroso a la vez”, afirma en su tribuna.
Los profesionales señalan también a la Fiscalía de Huelva, que empujó la apertura de la causa contra la periodista, posicionándose contra la libertad de prensa, el comunicado de las asociaciones recuerda que “la Justicia tiene el deber de proteger y defender la información veraz, nunca perseguirla o castigarla”.
La sentencia de cárcel y la multa podrían funcionar como un freno a la labor periodística en un sector muy precarizado en el que los periodistas se pensarán muy mucho qué repercusiones judiciales puede tener publicar una información veraz y contrastada. Hablamos de contenidos periodísticos, no de rumores o contenidos vertidos a la red. “El peligro está en que nosotros, los medios, somos los garantes de la información veraz, más ahora, con tanta información falsa en circulación”, señala Rochel.
Matar al mensajero
La prensa no solo se equivoca, también contrapesa desmanes de los otros poderes democráticos. Así se supone que debería ser. A no ser que, desde instancias judiciales, propongan que sean los propios jueces quienes miden la necesidad informativa de la sociedad.
Cabe preguntarse qué espera la Justicia de los periodistas y cuál debería ser para la Fiscalía y Audiencia onubenses el rol de los medios de comunicación. Como periodistas, no podemos evitar preguntarnos, por aludir a un ejemplo reciente, que habría pasado con el caso de Ahmed Tommouhi, el marroquí encarcelado durante 15 años por una violación que no cometió. Sin la labor del periodista Braulio García, quizás ahora el Tribunal Supremo no se habría visto obligado a anular su condena y asumir el error.
