Tres delitos: prevaricacion, malversación de caudales y tráfico de influencias
Los dos encausados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez Mercedes Alaya les haya imputado tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para los dos imputados una fianza civil solidaria de cuatro millones de euros, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.
Imputado también al representante de Barbadillo
Con anterioridad a las comparecencias, la magistrada ha comunicado a los abogados presentes que ha imputado también en la causa a Manuel Roble Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo, según el acta de las declaraciones.Los abogados de Caputto y Valdecantos han asegurado que "el cien por cien de las subvenciones recibidas se han aplicado a la finalidad para la que fueron concedidas, invirtiéndose en las sociedades beneficiarias de las mismas, a fin de generar empleo y actividad empresarial en una zona especialmente deprimida", añadiendo que "la inversión total realizada por Antonio Barbadillo en Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut es de 22 millones de euros, sin incluir las subvenciones recibidas".