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La atención a la dependencia en Andalucía arroja sombras cada vez más alargadas sobre la gestión del sistema. Según el último análisis elaborado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) a partir de los datos oficiales del IMSERSO a 30 de septiembre de 2026, la Administración autonómica acumula los peores índices del país en los plazos de tramitación inicial: el 98,49 % de las 27.110 personas que esperan a ser valoradas o a que se decida su ayuda lleva seis meses o más aguardando una respuesta sin que conste una causa ajena a la propia Administración.
Este porcentaje sitúa a Andalucía a la cabeza del incumplimiento de plazos en el territorio nacional, situándose muy por encima de la media española (63,22 %) y empeorando la cifra del 93,16 % registrada en el mismo periodo del año anterior. Entre quienes sufren esta dilatación de los tiempos se encuentran 10.588 personas que, pese a tener ya reconocida oficialmente su situación de dependencia, continúan sin que la Junta determine la prestación o el servicio que les corresponde.
El informe de FOAM evidencia que el sistema andaluz vive de las rentas del último trimestre de 2025 y se ha atascado a lo largo del presente ejercicio. Si bien la 'lista FOAM', que contabiliza a todos los demandantes desde el día siguiente a la presentación de su solicitud, se redujo un 23,36 % en el cómputo interanual (de 51.547 a 39.505 personas), casi todo ese avance se concentró entre septiembre y diciembre de 2025, cuando la lista cayó en 11.455 personas. En los primeros nueve meses de 2026, el descenso ha sido de únicamente 587 personas, lo que supone una mínima reducción del 1,46 %, muy lejos del bajón del 8,30 % anotado en el conjunto de España.
Paralelamente, las personas pendientes de valoración han vuelto a crecer un 10,81 % en lo que va de 2026 hasta situarse en 16.257 solicitantes, mientras que en el resto del país este grupo se redujo un 21,31 %. Con estos datos, Andalucía concentra hoy el 18,9 % de todos los españoles que aguardan la visita del valorador, superando su peso en la población nacional (17,7 %).
Donde la situación adquiere tintes más severos es en la fase final del procedimiento. El número de andaluces con la ayuda concedida que todavía no la reciben de forma efectiva ha aumentado un 47,07% en un año, pasando de 8.428 a 12.395 personas. Entre las autonomías que aportan esta estadística, solo Canarias y la ciudad autónoma de Melilla registran un porcentaje más alto sobre su total de beneficiarios.
Esta parálisis afecta gravemente a las plazas residenciales. En Andalucía constan 33.007 ayudas de atención en residencia reconocidas, pero solo se están prestando 26.917. Las 6.090 restantes (un 18,45 %) continúan pendientes de asignación real, lo que supone un incremento sustancial frente a las 2.602 que se contabilizaban hace doce meses.
Aunque el tiempo medio global de espera para resolver el expediente descendió de 559 a 402 días en un año, la demora andaluza sigue figurando entre las tres más altas de España, tras Murcia y Asturias, y cuadruplica holgadamente el plazo máximo de tres meses fijado por la Ley 4/2026 desde el pasado 23 de octubre. La trasposición de estos retrasos a la realidad social deja una cifra trágica: entre enero y septiembre de 2026, al menos 2.879 personas fallecieron en la comunidad con su procedimiento de dependencia en trámite y sin haber recibido la ayuda.
En el contrapeso de la balanza, FOAM valora el impacto del paquete de medidas adoptado por la Junta de Andalucía a finales de 2025, basado en la unificación de la visita de valoración y el dictamen de ayuda en un solo acto, el uso de un único programa informático, la preferencia tramitadora para enfermos de ELA, cuidados paliativos o mayores de 90 años, y el refuerzo de personal temporal. Fruto de ello, la comunidad ha alcanzado la cifra récord de 350.085 personas con prestación efectiva (un 15,45 % más en un año) y logra que el 93,77 % de quienes tienen el derecho reconocido estén recibiendo la ayuda, una tasa de atención superior al 92,06 % de la media nacional.
Para impedir que el cuello de botella termine por arruinar la reforma, FOAM ha exigido a la Consejería de Servicios Sociales un plan de choque con calendario y objetivos públicos, la adaptación del decreto autonómico al plazo legal estatal de tres meses, explicaciones urgentes sobre los más de 10.800 expedientes atascados tras la valoración y un compromiso formal para hacer efectivas las 6.090 plazas residenciales pendientes.
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