El 88,6 por ciento de las resoluciones que causaron baja en la lista de espera de la dependencia en Andalucía durante el mes de junio se debió al fallecimiento de la persona solicitante. Según un análisis elaborado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), la reducción del 15,8 por ciento en el volumen de expedientes pendientes no responde a un proceso gradual de agilización por parte de la Consejería que lidera Loles López, sino a un desplome en la entrada de nuevas solicitudes y a la alta mortalidad registrada entre los demandantes.

El documento fundamenta sus conclusiones en los datos mensuales publicados por el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), adscrito al Imserso. De acuerdo con estos registros oficiales, la bolsa de espera autonómica experimentó un descenso hasta situarse en 41.707 personas en junio, frente a las 49.513 contabilizadas el mes anterior. No obstante, el desglose de los motivos de baja revela que, de los 3.329 expedientes cerrados, 2.950 correspondieron a ciudadanos fallecidos (88.6%). Las causas restantes representaron una minoría estadística: un 8,9 por ciento por desistimiento o renuncia, un 1,4 por ciento por traslado a otra comunidad autónoma, un 0,4 por ciento por caducidad y apenas un 0,03 por ciento por fin de la prestación.

Estos mismos datos han sido, por otro lado, celebrados por el Gobierno autonómico. Así, en un comunicado la pasada semana, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, expresaba que estas cifras “ponen de manifiesto que la apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz por reforzar y agilizar el sistema de la dependencia está dando resultados”.

Por supuesto, López no hace una lectura como la ejecutada por FOAM, sino que la consejera popular se basa en los datos brutos, que sin el análisis que realiza la Federación de Mayores sí aparentan una mejora sustancial. Máxime, cuando se comparan con los datos de hace ocho años, la 'ecuación' que el Gobierno de Moreno continúa repitiendo para compararse con el último ejecutivo del PSOE andaluz, pese a que este último contara con menores fondos que el actual.

Por tanto, el Ejecutivo de Moreno ha celebrado la reducción en los tiempos de espera hasta los 435 días, por los 496 días con los que comenzó el 2026, el aumento de personas atendidas, que alcanza en junio más de 355.000, y las más de 588.000 prestaciones.

Para López, esta evolución responde a diferentes actuaciones puestas en marcha por la Junta, entre ellas la "simplificación del procedimiento administrativo, que ahora concentra en una única visita y una sola resolución todo el proceso; la implantación de un sistema informático único que permite realizar un seguimiento integral de cada expediente; y la reducción del plazo para autorizar la apertura de centros residenciales, que ha pasado de dos años a apenas tres meses".

La cara B: el análisis de fondo de FOAM

Desde la federación de mayores han advertido de que la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía ha estado marcada por "fuertes oscilaciones" a lo largo de este primer semestre. Tras cerrar el ejercicio de 2025 con 40.092 andaluces en espera, la cifra escaló de manera abrupta un 41,2%  hasta registrar un máximo histórico de 56.613 personas el pasado mes de febrero. A partir de ese pico, la estadística comenzó una senda descendente que ha culminado en junio, dejando un balance semestral neto que sitúa a la comunidad autónoma apenas un 4% por encima de las cifras con las que inició el año (1.615 personas más).

La merma en la lista de espera de junio también se explica por una drástica caída del 33,1% en las nuevas solicitudes registradas en Andalucía en comparación con el mes de mayo. En términos absolutos, las 3.329 bajas superaron a las 3.170 altas contabilizadas, lo que provocó un saldo neto negativo de 159 expedientes. Es el segundo mes del trimestre en el que ocurre esta circunstancia, tras el saldo negativo de 772 solicitudes registrado en abril. A pesar de este cuello de botella administrativo en las fases iniciales, el número total de beneficiarios con prestación efectiva en la comunidad sí experimentó un aumento del 2,9 por ciento, alcanzando las 344.782 personas atendidas, lo que supone 9.607 perceptores más que el mes previo.

El estudio de FOAM detalla, además, que la letalidad burocrática del sistema andaluz no constituye un caso aislado circunscrito al mes de junio. Desde enero de 2026, el porcentaje de solicitudes cerradas por defunción en Andalucía "no ha bajado del 88,6 por ciento", y se ha mantenido durante todo el semestre sistemáticamente por encima de la media de España. La organización andaluza ha detectado y subsanado un error de cálculo en las cifras nacionales publicadas por el Ministerio, recalculando la media estatal real para junio en un 79,1 por ciento. Esto arroja una diferencia de 9,5 puntos porcentuales en perjuicio de Andalucía.

El balance humano de este colapso procedimental asciende a 2.368 andaluces fallecidos entre enero y junio de 2026 mientras aguardaban una resolución oficial. Del total de defunciones, 1.592 se produjeron sin que la administración autonómica hubiera emitido una valoración de grado, mientras que otros 776 ciudadanos perecieron con la dependencia ya reconocida oficialmente, pero sin haber llegado a percibir el recurso asignado. Estas cifras arrojan una ratio superior a trece muertes diarias y sitúan a Andalucía como la segunda comunidad con mayor mortalidad en su lista de espera, únicamente superada por Cataluña.

En materia de tiempos de respuesta, los indicadores continúan relegando a la comunidad andaluza a los puestos de cola a nivel nacional. Aunque el plazo medio de tramitación experimentó una leve mejoría del 2,5% en junio, Andalucía permanece como la segunda autonomía más lenta del país en la gestión de expedientes. Solo Murcia presenta registros peores (551 días), mientras que el tiempo de espera andaluz se sitúa un 38,5 por ciento por encima de la media de España, que ronda los 314 días.

Ante este escenario estadístico, la organización ha emitido una valoración en la que exige a la Junta de Andalucía "explicaciones urgentes". "Reducir la lista de espera no puede ser el único indicador de éxito si buena parte de ese descenso convive con una mortalidad tan alta entre quienes esperan", ha sentenciado FOAM, instando a las instituciones públicas a implementar reformas estructurales que garanticen la atención en vida a la población vulnerable.

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