El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunciaba este miércoles que "todos los recursos" tanto de la sanidad pública como de la privada se van a utilizar para hacer frente a la pandemia del coronavirus y estarán al servicio de todos los andaluces.
Evidentemente, dijo el presidente, la utilización de los recursos de la sanidad privada va a tener un coste para la administración autonómica y por ello habrá un acuerdo sobre un "justiprecio", si bien éste estaría aún por concretar.
Como Albert Rivera cuando proclamaba que él no veía "ni rojos ni azules, sino solo españoles", el presidente andaluz no parece ver sanidad pública o sanidad privada, sino solo sanidad.
Pese a su ecumenismo ideológico, Rivera dejó ver muy pronto que, en efecto, él era español, pero un español decididamente azul. En Andalucía, la oposición siempre ha sospechado inclinaciones 'azules' de las derechas en materia sanitaria.
450 millones sin destino
El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, José Fiscal, ha requerido al Gobierno de la Junta “transparencia y claridad” sobre la movilización de recursos privados y que aporte información sobre las patologías que se derivan a la sanidad privada, ante las dudas de si servirá “para reforzar la lucha contra el Covid o para hacer negocio” derivando al negocio privado servicios que suspendidos el ámbito público.
Por su parte, el portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, alerta en Twitter: "Ojo... hay 450 M€ sin destino en el presupuesto 2021". El exconsejero enfatizaba este dato después de incluir la sanidad privada entre los "sectores de interés" del Gobierno andaluz: "grandes fortunas, grandes farmacéuticas y grandes consultoras".
Para Moreno "los recursos sanitarios públicos y privados van a estar al servicio de todos los andaluces". Lo urgente, sentenció, es utilizar todos los recursos para evitar que la pandemia "nos atropelle".
Indicó el presidente que la Junta ha llegado a un acuerdo con la patronal de la sanidad privada para contar con los recursos de sus centros y que cualquier andaluz pueda ser atendido ya sea por Covid o por otra necesidad sanitaria: "Aquí no hay pandemia de una sanidad pública o privada, sino de la sanidad en su conjunto".
Una línea roja
Los socialistas explicitaron de nuevo ayer sus antiguas sospechas: “Puede que la Junta le esté sirviendo el negocio a la sanidad privada en bandeja de plata, y a ello nos negaremos siempre. No vamos a transigir nunca con que se debilite de manera consciente la sanidad pública para favorecer el negocio de la sanidad privada, y menos con una comunidad que presume de un superávit de 3.500 euros que no ha gastado en reforzar la sanidad”, dijo Fiscal.
En la sesión de control parlamentario de diciembre pasado, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ya emplazó al presidente de la Junta a ejercer su "mando único" llevando a la Cámara autonómica "un plan de recuperación asistencial que ponga al servicio público toda la actividad sanitaria que se desarrolla en Andalucía, para garantizar pruebas, tratamientos e intervenciones de personas que han sido deficientemente atendidas durante estos meses".
Algunos antecedentes
En 2019 y 2020 fueron recurrentes las críticas de PSOE y Adelante a la propensión del Gobierno de PP y Cs a favorecer a la sanidad privada, particularmente en materia de reducción de listas de espera.
En julio del año pasado, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunciabala puesta en marcha de julio a diciembre de un plan de recuperación asistencial para reducir las abultadas listas de espera, al alza por la pandemia.
El plan afectaba a los 50 hospitales del sistema sanitario público, pero también a los hospitales concertados con una partida de unos 130 millones de euros, de los que la actividad quirúrgica absorbería unos 96 millones y las pruebas diagnósticas los 34 restantes.
En noviembre pasado, José Antonio Brieva Romero, Antonio Vergara de Campos, Manuel Torres Tortosa y Sebastián Martín Recio, miembros de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, denunciaban que la Junta había tomado al menos otras dos decisiones “ideológicas” más a favor de la sanidad privada:
1) “Ascender, a principios del mes de mayo, de los hospitales de la empresa de medicina privada José Manuel Pascual Pascual SA (el primer holding de medicina privada de la región) a Áreas de Referencia para 15 especialidades médicas (que atienden la práctica totalidad de las enfermedades), para catorce poblaciones gaditanas, afectando a 280.000 personas".
2) "Aplicar en las nóminas de octubre un complemento de “productividad fija” de más de 800 euros al sueldo de 2.429 médicos de la sanidad pública que también trabajan en la medicina privada, igualando así el 'complemento de exclusividad', que hasta entonces se aplicaba solo a aquellos médicos que trabajan exclusivamente en la pública".
