La aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Dependencia en el Congreso, que permitirá incrementar hasta 6.200 millones de euros la financiación estatal del sistema de cuidados entre 2026 y 2027, ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la dependencia en Andalucía. Apenas dos días después de que la Cámara Baja sacara adelante la iniciativa impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con el respaldo del Partido Popular, Por Andalucía ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice que esos recursos se traduzcan en una mejora real del sistema andaluz.
La diputada autonómica Rosa Rodríguez ha exigido este jueves que los nuevos fondos procedentes del Estado "reviertan realmente en la mejora del sistema público andaluz y en la atención a las personas dependientes y sus familias", después de mantener una reunión con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
Según explicó la parlamentaria, la principal preocupación trasladada por la organización es que el incremento de financiación no acabe diluyéndose sin corregir las carencias estructurales del sistema autonómico. "La principal preocupación que nos trasladan es que ese dinero se destine realmente a financiar de manera adecuada el sistema de dependencia de Andalucía y que llegue a las personas que necesitan cuidados y a sus familias", señaló Rodríguez.
La reivindicación llega en un contexto especialmente delicado para la comunidad autónoma. Aunque la Junta ha defendido en las últimas semanas una reducción de los tiempos de espera y un incremento del número de beneficiarios atendidos, diversos informes cuestionan esa lectura optimista.
Críticas a la gestión de Moreno Bonilla
Desde Por Andalucía sostienen que el sistema de dependencia andaluz continúa arrastrando graves déficits tras varios años de gestión del Ejecutivo de Moreno Bonilla. Rosa Rodríguez denunció que la dependencia "lleva años siendo castigada por los recortes del Gobierno andaluz" y recordó que Andalucía sigue ocupando los últimos puestos del país en inversión destinada a este servicio.
"No puede ser que año tras año Andalucía sea la comunidad que menos recursos destina a la dependencia mientras miles de familias siguen esperando una ayuda o soportando prácticamente solas unos cuidados que deberían estar garantizados por los poderes públicos", afirmó.
Las declaraciones se producen pocos días después de que FOAM hiciera público un informe en el que advertía de que el 88,6% de las bajas registradas en junio en la lista de espera andaluza correspondían a personas fallecidas antes de recibir la prestación o durante la tramitación de su expediente.
La federación cifraba además en 2.368 las personas que murieron durante el primer semestre de 2026 mientras aguardaban una resolución administrativa, una situación que, según la organización, obliga a revisar el funcionamiento del sistema más allá de la mera reducción estadística de las listas de espera.
Frente a esa interpretación, la Consejería de Inclusión Social sostiene que las medidas de simplificación administrativa y la digitalización impulsadas por la Junta están permitiendo agilizar los expedientes y reducir los tiempos medios de resolución.
El choque con el discurso del PP y Vox
Para Por Andalucía, la llegada de la nueva financiación estatal representa una oportunidad para que el Ejecutivo andaluz demuestre cuál es su compromiso con los servicios públicos y los cuidados. "Moreno Bonilla tiene ahora la oportunidad de demostrar si está del lado de las familias o si vuelve a dejar en los márgenes a aquellas que tienen personas dependientes o familiares que necesitan cuidados especiales", afirmó Rodríguez.
La diputada dirigió también sus críticas al nuevo Gobierno andaluz compartido por PP y Vox, cuestionando el discurso que ambas formaciones mantienen sobre la defensa de la familia.
"No se defiende a las familias abandonando a quienes necesitan cuidados", sostuvo antes de reprochar a Vox que haga de la familia uno de sus principales argumentos políticos mientras, a su juicio, no respalda el refuerzo de los servicios públicos que sostienen a las personas dependientes. "Vox habla permanentemente de proteger a las familias, pero, cuando llega el momento de garantizar recursos, servicios públicos y cuidados, abandona precisamente a las familias que más apoyo necesitan", aseguró.
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