El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado a pagar 400.000 euros a la familia de un paciente que falleció sin que se realizara algunas las intervenciones que, a ojos de la justicia, “pudiera haber salvado al paciente”. El suceso tuvo lugar en febrero de 2018, cuando un hombre de 56 años llegó a las instalaciones Hospital Universitario Torrecárdenas, ubicado en Almería, y perdió la vida tras no practicarse la única operación que podría haberle dado la oportunidad de sobrevivir.  

Seis años más tarde, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería ha fallado en favor de la viuda, los hijos y la hermana del fallecido, que denunciaron al servicio público andaluz al considerar que se había incurrido en una mala praxis. La sentencia, compartida por la defensa, recoge que “en ningún momento se contempló la opción tanto quirúrgica como de medicina intensiva que pudiera haber salvado al paciente de una colangitis”.

El escrito de la jueza apunta a que la operación ni se planteó, pese a que los indicios médicos apuntaban a un colangiocarcinoma, un tipo de cáncer que se forma en las vías biliares. Si bien la operación que demandaba la familia y en la que la jueza se apoya no habría significado la supervivencia del paciente al 100%, la decisión médica de no practicar la resección de las vías biliares es lo que ha llevado al Juzgado a entender que se privó de esa opción al paciente.

La Asociación El Defensor del Paciente ha sido la encargada de la defensa de la familia en este caso, después de que estos acudiesen a la propia organización. La victoria lograda ha estado motivada también por la revisión realizada por parte de los peritos, que han apuntado que efectivamente no se contempló la intervención más adecuada para la dolencia, pero que tampoco se planteó realiza una laparotomía exploratoria que habría esclarecido la presencia o no de obstrucciones o fallos orgánicos.

Además, y pese a su situación, el hombre, que ya venía de otro hospital (La Inmaculada Huércal), no fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un encadenamiento de malas decisiones que concluyeron con la muerte del hombre pocos días después. La sentencia emitida explica que se activó la atención psicológica en vez de estudiar abordajes médicos, lo que evidencia que el caso se dio por perdido sin realizar tratamiento.

“Sorprende que, pese a que poco antes de la muerte del paciente ya se sospechara que padecía colangiocarcinoma lo único que se decidió fue interconsultar con psiquiatría”, recoge la sentencia. “También sorprende”, añade, “que se sometiera al paciente el día 8/02/18 a una punción que tenía por objeto únicamente alargarle la vida unos días”. “Llama la atención, igualmente, que tras el estado en el que quedó el paciente tras la punción transparietohepática, en estado agónico […] no fuera derivado a la UCI”, concluye.

¿Qué es y qué hace la Asociación el Defensor del Paciente?

La asociación fue fundada en 1997 y está formadas por personas afectadas por algún tipo de mala praxis médica. Su cometido, según expresan en su página web, es prestar información a la gente de toda España que decida contactarles para valorar, a modo de primer filtro, si el asunto que se plantea puede tratarse de una reclamación o de una denuncia por mala praxis médica. De ser considerado tal, el equipo de 17 gabinetes de Abogados especializados en Derecho sanitario, repartidos por todas las comunidades autónomas, actúa.

“Nuestro objetivo principal es defender a los pacientes de cualquier indefensión que puedan sufrir cuando acuden a un hospital o centro sanitario. Cuando el caso es más grave y se trata de una negligencia médica ponemos a disposición de los afectados un abogado especializado en Derecho sanitario ya que contamos con un amplio equipo jurídico repartido por todas las Comunidades de España. Además, cuentan con la ayuda de peritos médicos de alto reconocimiento profesional y de todas las especialidades médicas para poder estudiar la viabilidad de los casos”, recoge su web.

Carmen Flores es la presidenta de la asociación desde que ella misma la creó en 1997, cinco años después de que su hijo, Miguel Ángel, se viera postrado en una silla de ruedas y posteriormente falleciera por “una serie de negligencias médicas”. “Me encontré con muchas puertas cerradas, manipulación de información y silencio por parte de la Administración sanitaria”, explica la propia Flores.