Esta semana parece que ¡al fin! concluirá el que ha sido uno de los mayores disparates de la historia autonómica andaluza: el bloqueo parlamentario de una investidura que era la única posible tras unos resultados que arrojaron la victoria insuficiente pero indiscutible del Partido Socialista. La gestión razonable de los resultados del 22-M debería haber consistido en materializar esa investidura mediante el simple expediente de la abstención automática de los grupos de la oposición. Si por un momento intentamos proyectar hacia el futuro y hacia otros escenarios parlamentarios el irritante ventajismo en que se ha inspirado el modelo de gestión de los datos del 22-M, el resultado de esa proyección es… el caos. O la parálisis, que es una de las formas civilizadas que en todo entramado institucional puede adoptar el caos: pensemos por un momento qué sucedería en tantas y tantas comunidades autónomas donde, siendo imposible el acuerdo de la izquierda aun teniendo la mayoría parlamentaria, ese bloque mayoritario le negase la investidura al candidato de la derecha que ganó las elecciones en minoría, y que lo hiciese bien por la vía directa de decir no de entrada, bien por la indirecta de exigirle condiciones de imposible, cuando no humillante, cumplimiento. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]PAGAR O NO PAGAR, ESA ES LA CUESTIÓN[/cita] Ha consistido tal ventajismo en que los partidos de la oposición han podido hacer en Andalucía algo tan grave como no dejar gobernar al único partido que podía hacerlo sin pagar, al menos de manera inmediata, precio alguno por esa actitud obstruccionista. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el 22 de marzo y el 24 de mayo? Que los resultados del 24 de mayo también pueden ser gestionados de manera irresponsable, pero en ningún caso de manera gratuita, pues una parálisis institucional generalizada al estilo de la andaluza tendría un altísimo coste para todos los partidos de la oposición, pero muy en particular para los emergentes Podemos y Ciudadanos, a quienes los votantes han encomendado la delicada misión de regenerar la vida pública y sanear el tejido institucional del país. En muchos territorios de España el Partido Socialista y Podemos, por una parte, y el Partido Popular y Ciudadanos, por otra, también están, como en Andalucía, en condiciones aritméticas de ponerse mutualmente exigencias de imposible cumplimiento, pero, a diferencia de Andalucía, no están en condiciones políticas de hacerlo porque si lo hacen pueden pagar –esta vez sí– un alto precio en las generales de septiembre o noviembre. Bloquear la investidura de Díaz era una tentación demasiado grande para rechazarla porque todo en ella eran ventajas: hacerle tragar a Díaz el sapo de un adelanto electoral insuficientemente justificado que a todos parecía haber perjudicado menos a ella; tomarse la revancha por la propia derrota; negociar en posición ventajosa tras las municipales; esquivar los virtuales riesgos electorales de apoyar a un Partido Socialista estigmatizado por el caso de los ERE… Todo ventajas y ningún inconveniente: ¿cómo resistirse a tan dulce tentación? [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UN ARGUMENTO DE POCO FUSTE[/cita] Los partidos de la oposición han tendido de manera reiterada a personalizar en Susana Díaz los motivos de su rechazo, culpando del bloqueo a la al parecer insoportable soberbia de la presidenta en funciones, pero ese es un argumento de poco fuste pues resulta materialmente imposible de objetivar, ya que la propia Díaz podría haber replicado: “Mirad cuán humilde soy que en mi discurso de investidura he incluido algunas de las más significativas y relevantes exigencias programáticas de la oposición”, ante lo cual un confesor imparcial tendría no pocas dudas para imputarle sin más el pecado de soberbia. No es que no pueda existir o haber existido esa soberbia en Díaz, por supuesto que sí, es decir, más bien sí, pero al no haber sido escenificado dicho pecado de manera pública, notoria e incontestable es muy problemático condenarla por él. Tal vez lo que persigue a Díaz no sea tanto una conducta política propiamente soberbia durante las negociaciones para su investidura como el recuerdo, todavía muy vivo en mucha gente, de su segundo y funesto debate televisivo de campaña, donde se hizo a sí misma un daño que no le será fácil reparar. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]¿ELECCIONES? NO, GRACIAS[/cita] Todo indica que esta semana se desbloquea la investidura de Susana Díaz, en principio de la mano de Ciudadanos, aunque todavía queden por cerrar algunos de los flecos de su exigencia de que el expresidente Chaves deje el escaño en el Congreso si el Supremo confirma su imputación por el caso de los ERE. Y si la investidura no viniera de la mano de Ciudadanos, vendría de la del Partido Popular y hasta incluso de la de Podemos. ¿Por qué? Porque, esta vez, mantener el bloqueo sí tiene un riesgo cierto y perfectamente objetivado por fuentes oficiales del Gobierno andaluz: si esta semana Susana Díaz no logra su investidura, convocará de nuevo elecciones, y ahí sí que los protagonistas e inductores del bloqueo podrían pagar un altísimo precio, contabilizado además en esa moneda contante y sonante que son los votos y los escaños. Es decir, lo determinante para explicar lo que ha pasado en los casi 80 días transcurridos desde el 22 de marzo no es la soberbia de la Mala Díaz, la rectitud de Fray Juan Marín o la humildad de Santa Teresa de Rota: lo determinante es que podían hacer lo que han hecho sin pagar absolutamente por ello. Eso es lo que ahora ha cambiado. Y es por eso que ahora sí habrá investidura.