Prevaricación, según la RAE, es: delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha generado en mí zozobra y en el profano, según me dice, una enorme indignación contenida. La noticia nos enervó tanto a ambos por separado que decidimos esperar, paciente pero atentamente, el desarrollo de  acontecimientos para debatir primero y pronunciarnos después. Con tiempo suficiente ya transcurrido, la hora de comprometernos por escrito ha llegado. Pocas veces el título de una colaboración como ésta ha apuntado, desde su inicio y de una forma tan clara, el contenido de la misma.

El trato que políticos, periodistas y opinadores de los más diversos m.c.s. vienen dando a sentencia tan transcendente nos tiene atónitos al profano y a mí. No nos explicamos cómo la ingenuidad o la propaganda han podido desviar la atención de algo tan relevante como la responsabilidad de quien o quienes deciden aprobar la norma que cinco años más tarde es declarada ilegal. A ambos nos parece que limitarse a pedir la dimisión del ministro de Hacienda, aunque sea a gritos, es una simpleza.

Hemos oído las múltiples justificaciones para la llamada amnistía fiscal por el TC, de quienes fueron sus directamente responsables: el Gobierno de entonces y quienes lo sostenían con mayoría absoluta. ¡Qué vergüenza!

Hemos escuchado las frívolas y displicentes interpretaciones de quienes se empeñan en destacar la importancia de que el TC no haya anulado los beneficios a los defraudadores, en aras de la tan oportunamente traída seguridad jurídica. ¡Qué escándalo!

Hemos sufrido el desprecio al TC de los que ningunean el importantísimo papel de las formas y los procedimientos en una legislación democrática como la nuestra, salvo cuando se trata de Cataluña. ¡Qué hipocresía!

Continuamos recibiendo mensajes, interesadamente devaluados o torpemente elaborados, para fortalecer a quienes mantienen que para el TC ¿sólo? existió error en la elección del procedimiento para amnistiar, mientras España sufría los rigores no de la crisis sino de la E.F.E. (especulación + fraude + explotación). ¡Qué cinismo!

En estas circunstancias, al profano y a mí nos asaltan ciertas dudas que necesitamos compartir. Por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener lo sentenciado para quienes han incumplido la ley? ¿Acaso una situación de emergencia calificada así por un particular puede justificar una felonía quedando ésta sin sanción? ¿Acaso la necesaria seguridad jurídica no debe garantizarse bajo la premisa indiscutible de la igualdad ante la ley? ¿Acaso las decisiones tomadas colegiadamente en Consejo de Ministros son impunes mientras las tomadas por un Consejo Escolar o un Consejo de Administración no lo son? ¿Acaso podría considerarse como atenuante el desconocimiento, en el  Gobierno de 2012 que decidió?

A ambos nos parece, y seguramente a muchos más, que en las decisiones tomadas por un órgano colegiado como el Consejo de Ministros, presidido por un Registrador de la Propiedad (desde 1979), vicepresidido por una Abogada del Estado (desde 1998) y cuyos demás miembros  o  eran Licenciados en Derecho en su mayoría o Altos funcionarios de la Administración, no es erróneo suponerles conocimientos jurídicos elevados más que básicos y, en consecuencia, presumir dolo en su proceder no sería descabellado. Ítem más, si en consecuencia no cabría reconocerles, ni individual ni colegiadamente, el analfabetismo jurídico de quien no distingue la prelación de rango de la ley por encima del decreto, sólo podría pensarse en, al menos, premeditación y alevosía.

Pues bien, andando andando, el profano y yo estamos donde queríamos desde el principio. Si sólo cabe el reconocimiento jurídico de experto en quienes tomaron la decisión de aprobar como no debían, mediante decreto-ley, la amnistía fiscal, tal vez partidos políticos u otras organizaciones de la sociedad civil deberían no sólo limitarse a pedir dimisiones o exigir presencias en comisiones de investigación que permiten el vacile barriobajero sin consecuencias de los democráticamente emplazados sino tirar del Código Penal para exigir responsabilidades y condenas.