Ya hay miles de personas afectadas en España por las estafas de las criptomonedas, como denuncia la Asociación de Afectados J. Biosca. Entre la juventud se extiende una nueva ludopatía que gangrena a muchas familias con el seguimiento de las fluctuaciones en su cotización. La Audiencia Nacional tramita ya numerosas demandas judiciales por estafa, apropiación indebida y delitos societarios contra particulares y empresas. La Guardia Civil desmantela con frecuencia chiringuitos financieros basados en el engaño de moda y las redes sociales están inundadas de publicidad sobre las supuestas ganancias de invertir en bitcoins, ethereos y otras monedas fantasmas.
En el contexto descrito sorprende la desidia de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y del Banco de España a la hora de atajar el problema: se limitan a advertir sobre estos chiringuitos financieros, pero no los prohíben. La CNMV en una de sus últimas circulares impone el control de la publicidad de monedas virtuales y criptoactivos, pero acota la supervisión previa a las emisiones que se dirijan a más de cien mil receptores, que deberán comunicar su contenido con quince días de antelación.
Por su parte, la Unión Europea trabaja en un paquete legislativo sobre las finanzas digitales para regular unas monedas que, por ahora, no tienen marco legal alguno y se han convertido en una herramienta estupenda para la ciberdelincuencia y el crimen organizado por su total anonimato y su casi imposible trazabilidad o rastreo. La utilización de las criptomonedas en los tráficos ilícitos es la razón por la que han sido prohibidas en Argelia, Bolivia, Bangladesh, China, Egipto, Ecuador, Indonesia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Rusia, Turquía y Qatar. Otros, como India y Nigeria, estudian su prohibición en sus respectivos parlamentos.
Los bancos centrales se oponen a las criptomonedas porque facilitan el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y, por lo tanto, ponen en peligro la estabilidad del sistema financiero global. Para millones de personas las criptodivisas son un gigantesco agujero negro que se ha tragado sus ahorros y no atisban ningún indicio para recuperar el dinero perdido. Los gobiernos deben abordar el problema con urgencia y medidas contundentes, sin descartar la prohibición absoluta, si no quieren verse convertidos en cómplices de una estafa planetaria.
