Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que fuera gobernador del Banco de España, acaba de publicar un libro con un título sugerente, un tanto provocador y con un planteamiento disruptivo: Adiós a los bancos. Una visión distinta del dinero y la banca (Taurus). En 320 páginas y por 9,94 euros en versión digital, plantea en un lenguaje claro y asequible la conveniencia de que ciudadanos y empresas accedan a los euros digitales emitidos por el Banco Central Europeo (BCE), algo que ahora sólo hacen los bancos privados de los países de la zona euro.
El acceso al dinero digital público, sin la intermediación de los bancos comerciales, choca contra los intereses de la patronal bancaria que se resiste a perder su monopolio actual sobre el dinero electrónico.
La mayoría de los bancos centrales estudian en la actualidad las fórmulas más adecuadas para permitir a toda la ciudadanía, sin exclusiones por su nivel de renta, tener y usar dinero digital avalado por el banco emisor. Suecia es uno de los países más adelantados en diseñar la moneda digital como la herramienta fundamental de la administración tributaria para acabar con el fraude fiscal que permite el actual anonimato del dinero en efectivo. China va a empezar a experimentar en cuatro ciudades el acceso a los yuanes digitales emitidos por su banco central.
Los lectores más jóvenes no saben que la banca pública en España no es una promesa electoral de Unidas-Podemos, existe desde 1874 y se llama Banco de España. Pero los más viejos recordamos que cualquier ciudadano podía abrir una cuenta en el Banco de España, que tenía oficinas en todas las capitales de provincia, pero en 2002 cerró treinta sucursales y en 2011, bajo el mandato de Fernández Ordóñez, clausuró otras siete y dejó las 15 actuales. En Andalucía permanecen abiertas sólo las de Málaga y Sevilla. Hay comunidades autónomas como Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria sin presencia física de la banca pública del Estado.
La propuesta que defiende Fernández Ordóñez empezó su recorrido en septiembre de 2019, cuando el entonces ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, abogó por “una moneda digital pública europea” al explicar la oposición de la UE a la criptomoneda que Facebook ha promovido con el nombre de Libra.
