Durísimo alegato de Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico y exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, contra la controvertida instrucción por la juez Mercedes Alaya del caso Mercasevilla, cuyos diez procesados fueron absueltos ayer de la acusación de haber amañado el concurso de venta de los terrenos de la sociedad mixta, que ganó la empresa Sando.

Marchena estuvo imputado por Alaya, aunque finalmente la Fiscalía lo dejó a finales del 2015 fuera del banquillo, al igual que hizo con otros cinco de los 16 investigados. Aunque no incluye ningún reproche expreso, la sentencia absolutoria, de casi 400 páginas, resulta demoledora para el trabajo de Alaya y los policías judiciales a su cargo.

Quien fuera hombre fuerte del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y uno de los cerebros de la transformación urbanística de la ciudad entre 2003 y 2011, apuntó directamente al hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, juez en excedencia y líder de la oposición municipal cuando arrancó la instrucción hace más de ocho años, como la persona que dio el gran impulso político y mediático al caso en connivencia con “los medios de extrema derecha de Sevilla”.

Juicio sumarísimo

En declaraciones a Hoy por Hoy Sevilla, que dirige el periodista Salomón Hachuel, y tras preguntarse si podía “estar tranquilo por ejercer la crítica a una juez”, Marchena afirmó que la instrucción de Mercasevilla formó parte de “un juicio sumarísimo contra la administración de Monteseirín. La acusación particular era el señor Zoido personalmente, y quien la llevó política y mediáticamente fue el señor Beltrán Pérez, que parece que será el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla”.

Marchena especuló también sobre el origen del caso: “Me gustaría saber cómo se inicia este caso, si hubo denuncia anónima, si fue Zoido el que marcó con la acusación particular” una instrucción de cuyas novedades el exgerente se iba enterando “a través de Abc y El Mundo”.

Interrogatorio en tercer grado

A preguntas de Salomón Hachuel, Manuel Marchena recordó que la juez instructora lo interrogó “durante ocho horas, llegó a hacerme 11 veces una misma pregunta, me trataban como un acusado, no como pimputado, casi como a un delincuente. Mi abogado me alertó con insistencia de que no firmara mi declaración hasta haberla leído a fondo”.

En opinión del catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, “la doctrina Alaya en este caso se carga el concurso público al ponerlo bajo sospecha, de forma que las administraciones se han cuidado mucho de ir al concurso público, han utilizado solo la subasta, lo cual es absolutamente negativo; además, se ha tardado nueve años en instruir un caso tan sencillo como era saber si un concurso estaba amañado”.

No olvidó Marchena subrayar el daño personal y económico a la empresa familiar Sando y a mucha gente que "ha tenido que hipotecarse para poder pagar abogados". También advirtió que está estudiando si puede emprender algún tipo de acciones judiciales para resarcirse.

La larga mano de la derecha

En el mismo sentido, muy crítico con el trabajo de Alaya, se manifestaba ayer el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres, en un artículo publicado en su blog:

“Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa? (…) Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya. No hacen justicia –concluye Torres– sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios”.