Ha sido un no respetuoso pero firme. Al Gobierno andaluz no le gusta la propuesta del líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, de crear un consorcio fiscal con la Agencia Tributaria que recaude y liquide todos los impuestos en Cataluña.
Así lo ha expresado este viernes la consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, que ha defendido la idea matriz de la filosofía fiscal socialista según la cual quienes pagan son las personas, no los territorios.
Los que dan y los que reciben
Montero no ve con buenos ojos la propuesta del líder del PSC –que sí respalda, en cambio, la dirección federal del partido– porque podría interpretarse como que “los territorios son los que recaudan o contribuyen en vez de los ciudadanos".
En su opinión, “si empezamos a diferenciar entre quien recauda y quien no recauda, pudiera dar la impresión de que los territorios tienen un volumen de recursos que luego aportan para que otros reciban solidaridad" a través de las agencias consorciadas, perdiéndose así por el camino la "clave básica" de que son los ciudadanos los que contribuyen con sus impuestos, "vivan donde vivan".
Evaluar y distribuir
Para la titular de la Hacienda andaluza, lo crucial es que "un ciudadano con un determinado nivel de renta en Cataluña y en Andalucía contribuyan en la misma medida y un ciudadano con un nivel de enfermedad reciba recursos en la misma medida".
Para Montero, que ha participado en un encuentro organizado por CCOO sobre financiación autonómica, lo sustancial del debate de la financiación autonómica no es consorciar la recaudación sino examinar “la insuficiencia global de recursos que tiene el modelo y cómo se distribuyen esos recursos para que la población de derecho se corresponda mucho a la población ajustada, pues hay casi 300.000 andaluces que no están reconocidos en el sistema".
La propuesta de Iceta
La propuesta de Miquel Iceta es que la Generalitat asuma “toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión, en consorcio con la Administración del Estado, tal como dice el Estatuto, de todos los impuestos que pagamos en Cataluña”.
Ese consorcio se enmarcaría en una Hacienda federal con “mecanismos institucionales y de gobernanza orientados a la cooperación y al pacto", ya que "los pocos que existen en España -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- o bien se han casi desvanecido o bien se han consolidado como órganos de imposición de las decisiones del Gobierno central”.
