En España sólo existen tres colectivos que ostentan la condición de “policía administrativa y judicial genérica” sin formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: los agentes de Vigilancia Aduanera, la Policía Portuaria y los agentes forestales, es decir, la “policía” de los montes, alrededor de 800 personas en Castilla y León, -7.000 en todo el país-, que, sin embargo, son los únicos desprovistos de medios de autodefensa.

Incendios forestales, delitos contra la flora y la fauna, urbanismo o biodiversidad son de su competencia. Son ellos, como policía judicial del medio natural, distribuidos por los montes de provincias y comarcas, quienes inspeccionan, vigilan y, en su caso, custodian las pruebas de posibles delitos para ponerlas en manos de la Justicia.

Son los jefes de extinción, las “cabezas pensantes” en incendios declarados de nivel 0 y, en ocasiones, también en los de nivel 1, cuando no hay técnicos de guardia suficientes para desplegarse en el perímetro del fuego y establecer un “plan de ataque” en función de los medios disponibles, la climatología, el estado de la vegetación, el nivel de peligrosidad o el comportamiento y velocidad de propagación de la llama.

Trabajan en coordinación con del director técnico de extinción del Centro de Mando Avanzado, que los puede situar como jefes de sector de cada flanco o de cada término municipal para dirigir retenes, camiones, bulldozer, o los medios que se les asignen.

Esto ocurrió en la Sierra de la Culebra en junio de 2022. Los siete rayos que impactaron en el monte en Zamora provocaron otros tantos focos para los que no había medios suficientes.

Esaú Escolar tiene a sus espaldas 30 años como agente forestal y más de 200 incendios en los montes de titularidad pública de Castilla y León, en cuya prevención trabaja en invierno el colectivo al que pertenece, funcionarios que, obligatoriamente, en esta comunidad autónoma deben ser titulados en el Grado Superior de Gestión y Conservación de Recursos Naturales.

Planificar limpiezas, desbroces, podas… los tratamientos selvícolas que durante el verano pasado tantas veces se invocaron como actuaciones imprescindibles para evitar o minimizar en lo posible los desastrosos incendios sufridos, son parte de sus atribuciones durante los meses en los que el fuego da un respiro.

“Se trata de que la vegetación tenga discontinuidad en vertical y horizontal para que las llamas no progresen”, explica este agente forestal, algo que, en la práctica, llevan a cabo empresas privadas a las que se adjudican los lotes en cada provincia, en base al diseño de lo que hay que hacer en cada zona, que los agentes medioambientales -en términos de Castilla y León-, elevan a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Pedagogía medioambiental

Pero cuando los rescoldos ya se han apagado y lo urgente deja paso a lo importante, fuera del periodo de riesgo alto de incendios, los agentes forestales tienen otros retos, nunca fáciles, en la protección del medio natural.

“Lo más difícil de hacer entender es que las normas de protección de la naturaleza están para que todos podamos convivir”, explica Escolar, porque eso choca de frente con los intereses económicos del sector primario: no se pueden verter purines junto al río, y no se pueden echar herbicidas donde no se debe, pero hay quien esto, aparentemente tan evidente, no lo entiende, o no quiere entenderlo.

La problemática viene por campañas: campaña de incendios, campaña de caza, campaña de pesca. Y sobre todo eso, la vigilancia… y la denuncia, -carnet de agente forestal y número de placa en ristre-, una vez medida la longitud de la trucha pescada, dependiendo del plan de pesca de cada río, y aunque se esté transportando la trucha en la cesta.

El puzle incluye también el control de las monterías y restos de modalidades cinegéticas en cotos de caza, licencias y documentación del uso de armas en vigor, seguros de responsabilidad civil, cargadores de munición conforme a la normativa, autorizaciones de cortas de leña, censos de especies protegidas, aves esteparias, control de especies invasoras y un etcétera interminable.

Sin carta de servicios, es decir, sin regulación específica que lo determine, los agentes forestales acuden a recoger animales heridos en carretera para llevarlos a los Centros de Recuperación, rescatan a otros, como los osos despeñados en la Montaña Palentina el pasado mes de junio, investigan casos de aves electrocutadas, sacan jabalíes de los jardines de algún vecino, culebras de los dormitorios de casas de campo, y colaboran, como voluntarios, en el auxilio y emergencias de protección civil en el medio natural, en operativos de búsqueda de excursionistas extraviados o personas desaparecidas que coordina la Guardia Civil, pero en las que su conocimiento del entorno puede ser fundamental.

Fueron llamados a participar en la reciente caída de un ultraligero con dos personas a bordo en el río Duero, en la provincia de Valladolid, y a la exploración del terreno en el que se perdió la pista de uno de sus compañeros, el agente forestal que, finalmente, fue encontrado sin vida a mediados de diciembre en una zona inundable del partido judicial de Vitigudino, (Salamanca) durante las intensas riadas de aquellos días.

Sin embargo, no pertenecen al Protocolo de actuación del 112 de Castilla y León, a pesar de que la Agencia de Protección Civil y Emergencias pertenece a la misma Consejería que ellos: la de Medio Ambiente.

Indefensos

En enero de 2017, dos agentes forestales fueron asesinados en Cataluña por un cazador furtivo cuando realizaban un control rutinario, y en 2019, cuenta Escolar, uno de sus compañeros sufrió dos impactos de bala en una ventana de su domicilio.

“Si Europa exige a los países de la Unión Europea el aumento del 2% del Producto Interior Bruto en armamento, se lo recomienda por una cuestión de proporcionalidad, no porque Europa vaya a entrar en guerra mañana. porque si un cazador mata a una especie que no puede matar, tengo que retirarle el rifle, y no puedo desarmar a una persona si yo no llevo un arma”.

En Castilla y León, el colectivo denuncia numerosas agresiones, sin cuantificar de forma oficial, al margen de las que no se denuncian, que, por tanto, nunca formarían parte de las estadísticas.

Según la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, APAMCYL, estos graves incidentes los consiente la Junta de Castilla y León que mantiene al colectivo en una grave situación de indefensión que se reproduce por toda la geografía española desde que a estos funcionarios públicos se les retiraron las armas de defensa.

Sin embargo, desde el nacimiento del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado en 1877, los agentes forestales figuraban como un cuerpo armado, carácter que se mantuvo cuando se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas y que perdieron después, en 2013, en base a “interesados” informes, señalan, que determinaron “defectos” en el proceso de custodia.

La Junta de Castilla y León mantiene, además, sin evaluación de riesgos laborales estos servicios especiales de vigilancia y policía, que quedan al margen de la evaluación de riesgos genérica.

El Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO, se refiere a este colectivo como un grupo profesional “con gran especialización, amplios conocimientos técnicos y legales, profundos conocedores del territorio y el medio natural, y sobre todo, una gran vocación de servicio a la sociedad, custodiando, protegiendo y gestionando el rico patrimonio natural que hemos recibido como legado”, cuando se refiere al anteproyecto de Ley de agentes forestales y medioambientales que el Gobierno tiene entre manos.

Esta norma persigue un modelo eficiente de conservación de la naturaleza en el que se consagre la coordinación entre ellos y los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, que comparten competencias, pero, sin embargo, realizando en muchas ocasiones el mismo tipo de servicios, van armados.