Antonio Galván, cabeza de lista al Senado por el PP en Badajoz y alcalde de Calzadilla de los Barros, tendrá que sentarse en el banquillo para declarar como imputado por un delito electoral. Concretamente, tendrá que dar explicaciones sobre la supuesta inscripción irregular de 63 ciudadanos en el Padrón.

Imputado por prevaricación, según explica el diario Hoy.es, habría participado supuestamente en la modificación del censo pocos meses antes de que se celebrasen las elecciones de 2011.

Por ello, Galván se enfrenta a una pena que iría desde los de seis meses a los dos años de cárcel y de seis a 24 meses de multa por ser un funcionario que habría “incumplido las normas para la formación, conservación y exhibición del censo electoral”, tal y como se recoge en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A ello, habría que sumarle un delito de prevaricación administrativa que está penado con la inhabilitación para el empleo o cargo público durante siete o diez años, según recoge el Código Penal.

Según explica el diario, el caso fue destapado por el PSOE de la localidad al entregar a la Fiscalía el censo de personas en algunas viviendas que, realmente, estaban en ruinas, o que vivían en cortijos y en el hostal de la localidad. Aunque en un principio la denuncia fue archivada, finalmente la Audiencia Provincial de Badajoz ordenó su reapertura.