El Barcelona no gana para disgustos. Al menos en el aspecto extradeportivo. Los líos judiciales acechan al Barcelona y se han aferrado con mucha fuerza. Tanto es así que este jueves, tras conocerse el día anterior que tanto el club como su Josep María Bartomeu fueron imputados en el caso de los columbarios, el juez de la Mata ha ido un paso más allá en el caso Neymar.

El banquillo de los acusados estará cercano al colapso absoluto, pues el magistrado de la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Neymar y su padre, a Bartomeu y a su antecesor – Sandro Rosell -, al Barcelona, al Santos y a su expresidente Odilio Rodrigues. Todos, por supuesto, relacionados con el fichaje del jugador brasileño por el club blaugrana.

En el auto de apertura del juicio oral, el juez de La Mata impone una fianza conjunta y solidaria de 3’4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a Bartomeu, Rosell, Barcelona, Santos y su expresidente.

La Fiscalía pedirá para Neymar dos años de cárcel y 10 millones de euros de multa, mientras que a Rosell le piden cinco años por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del jugador brasileño al Fondo de inversión DIS. A su vez, solicitan también dos años de prisión para el padre del futbolista culé.  

Por su parte, tanto a los expresidentes de ambos clubes como a los propios equipos, como personas jurídicas, el fiscal pide que indemnicen a DIS con 3’2 millones de euros dado que consideran que existió una intención de ocultar el coste real del jugador.

La acusación que representa a dicho fondo de inversión, en cambio, pide cinco años de cárcel para Neymar, su padre, Bartomeu y Rosell, así como una multa de 195 millones de euros al club catalán. Esto se debe a que entienden que, al recibir el 40% de los 17’1 millones establecidos en la transferencia, deben indemnizados con otros 3.228.400 millones de euros.

De Neymar a los columbarios

No se crean que el caso Neymar es el único frente judicial abierto en Can Barça. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha imputado al conjunto azulgrana, a Bartomeu y a Toni Freixa por el caso de los columbarios, así como el jefe de los servicios jurídicos del club Román Gómez Ponti. Los primeros tendrán que declarar el próximo 9 de junio, mientras que Ponti lo hará tres días después.

Se ha imputado a los directivos culés, junto a Enrique Alavedra y a la sociedad VialProjectes Xe Futur, por un presunto delito de estafa en la construcción del fallido Espacio Memorial del Camp Nou. Un proyecto que estaba destinado a acoger las cenizas de los aficionados del Barcelona.

La historia parte de la denuncia de uno de los empresarios que impulsó la construcción del espacio, José Huertas. La empresa Giem Sports SL ofreció al Barça la posibilidad de hacer negocio con la construcción del columbario.

Entre tanto, en febrero de 2012 se firmó un primer contrato para la construcción del espacio que podría albergar hasta 30.000 urnas. Un hecho por el que el club se llevaría seis millones de euros, además de satisfacer una demanda de los socios culés, según dijo Freixa por aquel entonces.

Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona, se erigió como la persona de contacto con el club. Atendiendo a la querella, Freixa recibió varios importes por parte de esta empresa en calidad de asesor jurídico. No obstante, dirigía a la vez las negociaciones en nombre del club. Las pesquisas intentan aclarar si el Barcelona sabía de antemano que el proyecto era imposible llevarlo a cabo, como declara la acusación.