Después de las suspicacias y las críticas con las que ha sido recibida la Ley de Universidades del Gobierno de Cristina Cifuentes entre los grupos de la oposición, el profesorado y los sindicatos de estudiantes, se esperaba la reacción de la entidad que agrupa a los rectores de las universidades madrileñas (CRUMA), y ésta se ha producido en un documento de 39 páginas en el que se señalan “carencias, insuficiencias e indefiniciones” en el Anteproyecto de Ley, especialmente en lo referido a la financiación, el coste de las tasas, el control político, la falta de definición sobre grados y máster y las facilidades que se pretende dar a las universidades privadas.
El documento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (Universidad de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Politécnica, Complutense y Rey Juan Carlos) es un duro varapalo contra una ley que el Gobierno de Cifuentes lleva tiempo preparando, en medio de denuncias de la comunidad educativa de falta de transparencia y de consenso. Los rectores reconocen que “la iniciativa” de una ley es positiva, pero reclaman “cambios sustanciales” en el borrador del anteproyecto.
Los 10 aspectos más criticados por la Conferencia de Rectores
