El Gobierno de Cristina Cifuentes trabaja en una normativa para las universidades, bajo el nombre Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), cuyo borrador ya levanta ampollas entre la comunidad educativa y las fuerzas políticas en la oposición, que denuncian “la opacidad” con la que trabaja la Consejería de Educación en un modelo de universidad pública que se vislumbra elitista y cada vez más abierto al sector privado.

El borrador del texto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, se titula “La modernización del espacio madrileño de enseñanza superior. Ideas para el debate”, pero todos los agentes consultados coinciden en que precisamente de debate hay poco. Para empezar, no se ha contado con organizaciones estudiantiles, profesorado, sindicatos ni partidos políticos. A estos últimos, según han explicado las fuentes consultadas por este diario, se les avisó en la Asamblea de Madrid de que no iban a ser invitados.

En el documento, se dice que “la mesa de trabajo se constituyó por personas vinculadas a la gestión de las universidades públicas, una representante de las universidades privadas, estudiantes, representantes de los consejos sociales y expertos invitados a título individual”, sin especificar nombres de organismos, empresas o personas.


Reuniones sólo con gente del entorno de la consejería
El portavoz de Educación del Grupo socialista en la Asamblea, Juan José Moreno, considera que el documento elaborado por el Gobierno de Cifuentes “no aclara qué diseño de universidad quiere”. Critica que se prometiera que la ley estaría antes del fin del curso pasado y aún sólo estamos ante un “borrador impreciso”.

El portavoz socialista se queja de que a las reuniones haya acudido “un pequeño grupo de trabajo, gente cercana al entorno de la consejería". 

Polémicos centros de alto rendimiento 

Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de Política Universitaria por Podemos en la Asamblea explica a ELPLURAL.COM que el borrador le llegó por una vía diferente del Gobierno de Cifuentes. El proyecto le parece un intento de “profundizar en las políticas dañinas que se vienen aplicando en la universidad pública en los últimos años y que ha dejado a los centros en una situación de asfixia”.

Para Fernández Rubiño, “no se ofrece soluciones para una financiación adecuada ni a la precariedad del profesorado. Se orienta a escalar en los ranking internacionales, pero no hacia su función social. La ley plantea un sistema de financiación por objetivos, una forma muy peligrosa porque puede ser una vía de disciplinar a las universidades y restarles democracia”.

El portavoz de Podemos critica que se pretenda “separar la docencia y la investigación, dejando ésta en centros ‘de alto rendimiento’”. Esto, precisa, llevaría a un modelo de universidad a dos velocidades, en las que “unas pocas tendrían muchos recursos y ofrecerían espacios restringidos a una elite súper cualificada que se lo pueda permitir, y la gran mayoría de la universidad pública, como la conocemos, quedaría relegada a ser un sitio de paso, donde no se investigue y los profesores queden en la precariedad”.

El diputado de Podemos también se queja de que la selección de las personas que han participado en las reuniones ha sido “arbitraria” y “discrecional”. “En la asamblea se nos dijo muy claramente que no se quería contar con nosotros, que existían los cauces para ello”.

 El Sindicato de Estudiantes denuncia opacidad

Ana García, presidenta del Sindicato de Estudiantes, también habla de “opacidad”.  “No se ha contado con los estudiantes, el profesorado, el personal de las universidades, ni con los sindicatos”.

“Vemos que detrás de las buenas palabras, las mismas palabras bonitas de la LOMCE,  lo que hay es un intento de ir hacia la privatización de la universidad pública”, afirma Ana García, que subraya que ésta “no puede funcionar como lo hace el mundo empresarial, de un modo competitivo”.


Financiación, pérdida de estudiantes, 3+2
La representante estudiantil lamenta que “no se busquen soluciones a los problemas acuciantes de la universidad pública. La financiación en la Comunidad de Madrid, en los últimos años, desde 2008 a 2014, ha caído casi un 30%, mientras que en el resto de comunidades la reducción ha sido del 18,24%".

“Ha habido una expulsión masiva de estudiantes, con la subida de las tasas, de un 66%. Cifuentes ha hecho una maniobra de cara a la galería bajándolas un 15%. Una migaja que no resuelve los problemas, pero que le vale para pintarse de otro color político. Sin embargo, se sigue contratando profesores a dedo y dando fondos a la educación concertada y privada y se planea el 3+2, del que no se habla en el borrador”.

Estudiantes en la Facultad de Geogría e Historia de la Complutense. Foto: Universidad

Entre el profesorado, "nadie sabe nada"
El profesor de Filología de la Universidad Complutense Fernando Ángel Moreno,  ha asegurado a ELPLURAL.COM que entre los profesores "nadie sabe nada" acerca de la nueva ley. Moreno ha calificado las reuniones de la Consejería como “un oscuro proceso”, y critica que no se hable sobre “las elevadas tasas, muy por encima del resto de las comunidades e incluso de la mayoría de los países del mundo; de la precariedad laboral”, que explica con salarios de “entre los 300 y 900 euros al mes”. 

Según ha explicado en su conversación con ELPLURAL.COM, si no se bajan las tasas, al final sólo podrán estar en la universidad los estudiantes con más recursos, una élite. El modelo de Cifuentes "parece ser el de sacar mucho dinero de patentes, a través de grandes proyectos de investigación con empresas privadas, lo que creará redes clientelares".De hecho, subraya el profesor, el consejo de gobierno de la Complutense ya habla de un cambio en el modelo de financiación de las universidades públicas, que pasaría por la entrada de fondos de empresas privadas.

En ese sentrido, el profesor destaca que en el borrador de la Consejería se da mayor protagonismo a la entidad Madrid+D, en cuyo patronato hay representantes de empresas privadas y en cuyas manos ya está la evaluación del profesorado.


Los incrementos en los costes de los estudios
Moreno recuerda que "desde 2011 los estudios de grado han sufrido un incremento del 100% y los estudios de máster oficial de un 250%. Esto se produce en el marco de los recortes de 3.000 millones de euros en educación llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy".

El profesor reprocha que se busque ahora la creación de dos categorías en la universidad pública: docentes e investigadores. "Un modelo con el que se dejaría de transferir conocimientos a los estudiantes y que llevaría a universidades de dos velocidades”.

La Consejería no desmiente que no se consultara a agentes sociales
La Consejería de Educación, prreguntada por ELPLURAL.COM, no ha desmentido que no se haya convocado a fuerzas políticas,sindicatos, profesorado y estudiantes a las reuniones a partir de las cuales se forjó el borrador. Los encuentros, según ha confirmado, se han realizado los días 2 y 15 de diciembre de 2015, 12 y 20 de enero y 3, 18 y 29 de febrero de 2016. La Consejería sí menciona en su respuesta las reuniones que a posteriori ha mantenido con los agentes sociales para presentarles el documento.

Sobre temas críticos de la universidad, como el rechazo a la imposición de caros másteres a los estudiantes y la reducción de grados, conocido como 3+2, y la situación precaria del profesorado, la Consejería ha contestado a este diario que estos temas "sobrepasan las competencias autonómicas". Sobre el 3+2, el organismo público responde que "una Ley autonómica no es un foro de posicionamiento sobre un aspecto concreto como lo es la duración de los grados o másteres".

En cuanto a la situación de los profesores, la Consejería también se desmarca explicando que "es competencia exclusiva de las Universidades Públicas, en el marco de su autonomía". "La administración regional no tiene ninguna competencia en el ámbito laboral", ha insistido.