Casi un millón y medio de euros de dinero público le otorgó entonces el director general de Empleo a su chófer sin justificación alguna, un dinero que este se gastó parcialmente con su jefe en copas, cocaína y regalos. ¿Cómo fue posible que sucediera tal cosa sin que absolutamente nadie se percatara de ello? ¿Cómo es posible que nadie en la Junta controlara los pagos millonarios hechos con la partida de los ERE en la Dirección General de Empleo si ya la propia Intervención había alertado de que el procedimiento de otorgamiento de las ayudas no era ilegal pero sí inadecuado y ajeno a todo procedimiento establecido?

El agujero negro

La arbitrariedad y el desahogo con que Francisco Javier Guerrero dispuso durante años de millones de euros sin que la Intervención detectara nada es una de las principales incógnitas y el verdadero agujero negro del caso de los ERE. Ocurrió tal cosa porque se había creado un procedimiento específico para que así ocurriera, sostienen el juez instructor y la Fiscalía. Ocurrió porque había un delincuente al frente de la Dirección General, sostienen los consejeros y presidentes de la Junta imputados.

Conviene recordar que el descubrimiento de los manejos de Guerrero fue del todo casual y azaroso. Se produjo a raíz de la investigación por la juez Mercedes Alaya del ERE de la empresa municipal Mercasevilla. El abono de otros ERE a empresas en crisis era público y estaba justificado, como hizo constar la juez en la pieza sobre la empresa Azucareras Reunidas, pero casos como el de estas ayudas dadas por Guerrero a su chófer y otras igual de arbitrarias proyectan una imagen de la Adminsitración pública difícil de justificar políticamente. 

Los procesados

Ahora, la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha procesado al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y a su exchófer Juan Francisco Trujillo, en relación a las cuatro ayudas por un montante total de 1.475.000 euros que el primero concedió al segundo.

En un auto fechado el 10 de marzo, la magistrada procesa por presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias a Guerrero, a Trujillo, al que fuera comercial de Vitalia Antonio Albarracín y al administrador de una de las empresas que recibió una de las ayudas Isidoro Ruiz.

La mecánica

Así piensa la juez que sucedieron los hechos: con el propósito de lucrarse ambos, Guerrero le "sugirió" a su chófer que creara dos empresas y "le dijo –como declaró el propio Trujillo– que como tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple", de manera que el pago "lo acordaría el propio Guerrero".

El exchófer creó las sociedades Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial, presentó dos breves memorias y recibió sendas ayudas de 450.000 euros cada una en los años 2004 y 2005, aunque también existe una tercera ayuda por esa misma cantidad concedida a Trujillo como administrador solidario de la sociedad Ave Nueva.

Sin ningún trámite

La juez asevera que "el mecanismo para la concesión de ayudas era el mismo para todas ellas", de forma que "se otorgaban por Guerrero sin más trámite y, posteriormente, para realizar el pago celebraba un convenio entre éste y el IFA en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria por Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida".