Desde que Ciudadanos y PP anunciaron que se sentarían a negociar con las seis condiciones de Albert Rivera como telón de fondo, el asunto de los imputados ha sido el principal foco de conflicto entre la formación naranja y los populares. El propio acuerdo que han firmado ambos se denomina Pacto Anticorrupción y en su primer punto pide apartar de cualquier cargo público a los imputados. Y claro, desde el principio, esta cuestión copó la atención mediática ya que Ciudadanos firmaba esta medida junto a un partido que estaba imputado como tal.
Los imputados son el principal escollo que Albert Rivera encontraba para sentarse en la mesa con el PP. Con la rúbrica oficial del acuerdo parecía que el asunto se había zanjado, pero no ha sido así. Ciudadanos pide que se retire de la actividad pública de forma inmediata a los imputados, pero el PP alega que no tiene por qué ser ipso facto, sino que interpreta que tiene un plazo para tomar la decisión.
Los de Rivera recurren a la palabra “inmediata”, mientras que los 'populares' hacen referencia al plazo de tres meses
La primera condición del acuerdo reza lo siguiente: "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Sin embargo, al final del documento se hace referencia a que “estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII Legislatura, a contar desde la fecha de investidura".
Cuestión de tiempos
Mariano Rajoy es todo un mago manejando los tiempos en política. Dilató una semana la reunión del Comité Ejecutivo Nacional y, gracias a eso, se dio la perfecta casualidad de que unas hipotéticas terceras elecciones caerían en Navidad, lo que aumentaría la presión sobre el PSOE.
Y en este caso, nuevamente, hablamos de tiempos políticos. ¿Cuál es el plazo para apartar a un cargo público imputado?
Hay predisposición, pero tendrán que ceder
Rajoy y Rivera están dispuestos a salvar sus diferencias para firmar un pacto de investidura. Pero, aunque haya predisposición, alguno de los dos tendrá que ceder ya que Ciudadanos ha reiterado una y otra vez que no se puede cambiar ni una coma del pacto, mientras que Fernando Martínez-Maillo -vicesecretario de Organización del PP- decía lo siguiente al ser preguntado sobre cuándo se debería apartar a los investigados: “Para que entre en vigor ese documento tiene que haber Gobierno. Si no hay investidura ni Gobierno, no existe ni este ni otros documentos”.
Definirlo por un nombre propio
C´s y PP tienen que definir qué supone para cada uno el concepto de "corrupción política" para poder aplicarlo o no al caso de Óscar Clavell, diputado del PP que está siendo investigado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación tras la adjudicación de un contrato cuando todavía era alcalde de La Vall d’Uixó (Castellón).
Para Maillo este caso no es más que una presunta "prevaricación administrativa por una denuncia política", nada de corrupción política. Por su parte, Ciudadanos está investigando y recopilando información para poder decidir.
