El PP ha estirado lo máximo posible los plazos para presentar a su candidato al debate de investidura. Hasta 21 días desde que recibiera el encargo del Rey ha tardado Mariano Rajoy en anunciar que por fin daría el paso, con la primera sesión del debate el 30 de agosto. Tanta dilatación de los tiempos hizo sospechar que los populares, ante los insuficientes apoyos con los que cuentan ahora, contemplaban la posibilidad de llevar el debate incluso a finales de septiembre, una vez sobrepasadas las elecciones autonómicas que el 25S se desarrollarán el País Vasco y en Galicia.
Las suspicacias estaban motivadas por los teóricos efectos beneficiosos que para el PP podrían conllevar esas elecciones. El hecho de que finalmente Rajoy vaya a solicitar la confianza del Parlamento a finales de este mes no acaba con el posible ‘efecto 25S’, ya que si el presidente en funciones no es elegido entonces tendría de margen hasta el 1 de noviembre para buscar nuevos apoyos -también los otros candidatos-. Es decir, que podría presentarse a un nuevo debate en la semana posterior a las elecciones vascas y gallegas. Y desde luego que el resultado de esas citas también podría modificar el escenario ante unas hipotéticas terceras elecciones generales.
El 25S es en realidad una moneda al aire para Rajoy con posibles ventajas pero también riesgos no tan obvios a primera vista:
