2.574 millones de euros es la cantidad que tendrán que abonar once exdirectivos de la empresa filatélica AFINSA que han sido condenados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tras años de pugna ante los tribunales, los magistrados dan la razón a los 190.022 afectados que un día creyeron la promesa de que invertir en sellos podía ser un buen negocio. En los casos más graves las penas alcanzan los 12 años de prisión.

Los magistrados Manuela Fernández Prado, Nicolás Poveda y Ramón Sáez, que actuó como ponente, han absuelto a dos de los directivos procesados condenando a los otros once por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública

Las penas más altas se imponen al expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas (12 años y 10 meses) y a los exdirectivos Albertino de Figueiredo (11 años), Carlos de Figueiredo (11 años y 11 meses). Vicente Martín Peña (11 años y 6 meses) y Emilio Ballester López (10 años y 3 meses).

Indemnizaciones millonarias

Ellos cinco junto con Jose Joaquín Abajo Quintana, deberán indemnizar en la cantidad de 2.574 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal de Afinsa Bienes Tangibles SA. en el procedimiento 208/2006 del juzgado de lo mercantil 6 de Madrid, según indica la sentencia. A la fecha de la intervención judicial Afinsa los clientes habían aportado 2.220,66 millones de euros.

El tribunal absuelve a Francisco Blázquez Ortiz Y Ramón Egurbide de los delitos de los que estaban acusados. Por la gravedad del perjuicio masivo causado el tribunal aplica el tipo agravado de la estafa. Por la cantidad de afectados, el tribunal aumenta un grado la pena y condena a 7 años.

Los magistrados han tenido en cuenta que los acusados captaban pequeños ahorradores. Estos inversores como declararon en el juicio que habían perdido el dinero guardado para su jubilación o para situaciones de crisis. Los clientes firmaban contratos de compraventa o mediación de lotes de sellos, que en muchos casos se quedaban depositados en Afinsa.

Un mercado de valores sin valor

El Tribunal considera probado a lo largo de 160 folios, que los acusados, desde comienzos de 1998, hasta el 9 de mayo de 2006, fecha de su intervención judicial, desarrollaron un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores. Procedían de clases medias, y seguían los consejos de los activos agentes comerciales de la compañía.

AFINSA se comprometía a recomprar las estampillas a sus clientes, entregándoles el dinero invertido más una rentabilidad siempre superior a la del mercado financiero. Este beneficio tal y como lo publicitaba la compañía, procedía de la constante revalorización de su filatelia.

Fu así, siguiendo la sentencia como “los administradores de Afinsa lograron levantar un espacio económico cerrado con sus clientes, que denominaron mercado de valores filatélicos y que funcionaba de modo separado del mercado del coleccionismo, con precios muy superiores que fijaba la compañía”.

Atractivo engañoso
El atractivo para los clientes era la alta revalorización que ofrecían al dinero, “de ahí que siempre el inversor optara por revender la filatelia y recibir el capital más el interés pactado” que se abonaba periódicamente, según explican los jueces en su resolución.

Señala la sentencia que dos de los acusados, Albertino Figuereido como experto filatélico y coleccionista, y Juan Antonio Cano como economista, idearon y perfilaron el negocio y fueron incorporando a los demás acusados, con una organización concentrada en el vértice, donde las grandes decisiones eran adoptadas por estos dos socios. Era, dicen los jueces, una empresa con estructura familiar, donde no existía separación entre la propiedad y la administración.

El ponente, Ramón Sáez, destaca que Afinsa era un negocio inviable, puesto que carecía de sentido económico. La filatelia de Afinsa, según concluye el Tribunal, tenía un ínfimo valor en el mercado, muy inferior al precio de venta y recompra que figuraba en los contratos.

Estafa piramidal

Cuanto más crecía la actividad de Afinsa, mayores eran las pérdidas, relata la sentencia judicial. El negocio se mantenía porque la estrategia de ventas funcionaba, gracias a una red comercial altamente retribuida y distribuida en 716 delegaciones que debía acreditar una producción mínima. Atraían a nuevos clientes cuyas aportaciones respondían a las deudas contraídas, como en una estructura piramidal.

Otras 2438 personas físicas figuraban como acreedores de la compañía. En sus almacenes se acumularon 150 millones de sellos. Se compraban de modo indeterminado. Necesitaban “una ingente cantidad de filatelia” que recogían de los almacenes de los comerciantes y que por su escaso valor no habían sido ni catalogados, constata el tribunal.

Para los magistrados la contabilidad de AFinsa distorsionaba la realidad económica de la compañía”. La filatelia se valoraba no a precio de mercado, el de adquisición, sino al de adjudicación al cliente, que llevaba consigo un aumento de valor injustificado. Así, se anotaban beneficios ficticios, omitiendo que se trataba de negocios que concluían siempre con la recompra de la filatelia por el capital recibido más el interés pactado, lo que generaba pérdidas constantes.

El jefe de la Abogacía del TSJM condenado
Mención aparte merece uno de los condenados, José Joaquín Abajo Quintana, responsable de la redacción de los contratos de Afinsa y de su adaptación. Era el jurista de la alta dirección de Afinsa, según ponen de manifiesto las actas del Comité Ejecutivo. Dice la sentencia que “compatibilizó su puesto en la compañía con el de la jefatura de laAbogacía del Estado del Tribunal Superior de Justicia de Madridhasta 2006, fecha de la intervención judicial de Afinsa”

 El tribunal le condena a 6 años y 3 meses de prisión al entender que no puede aceptarse “su ajenidad al tema” teniendo en cuenta que entró en la alta dirección de Afinsa en 1995, momento en que se reelaboraron los contratos. Consideran los jueces que su responsabilidad también se indica por las propuestas en la redacción de los contratos, impresas en papel de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia.

Durante el juicio explicó que esos borradores procedían del despacho de Cuatrecasas pero que lo imprimó en papel de Justicia porque hacía en su despacho de Afinsa las contestaciones a las demandas propias de su labor como facultativo del Estado.

El sumario ha superado los 59.600 folios, con 71 cajas de documentos incautados en registros domiciliarios (en uno de ellos, a modo de ejemplo, se encontraron 9,5 millones de euros ocultos en una pared); se libraron 30 comisiones rogatorias a diferentes países, sin obtener respuesta en algunos casos.