El titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo cuando la ciudad estaba gobernada por los “populares”, siempre según declaración en sede judicial del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, no se traga los argumentos esgrimidos por los imputados en el caso (José Ángel Cañas, actual gerente del PP castellano-manchego, José Manuel Molina y Lamberto García-Pineda, alcalde y vicealcalde por aquel entonces, respectivamente) y pide al Ayuntamiento toledano más y comprometidos documentos, según una nueva diligencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

Registro municipal de Toledo

Tanto es así, que el juez Rodríguez Ruiz se ha dirigido al responsable del Registro del Ayuntamiento de Toledo para que le “informe si existe asiento en el Registro General (…), en el que se hiciera constar la presentación o recepción del Protocolo de mayo de 2007”, como así lo exige el régimen jurídico de las entidades locales, que en su artículo 151 deja claro que “en todas las entidades locales habrá un Registro General para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciban y la salida de los que hayan sido despachados definitivamente”. El documento al que se refiere el magistrado es el Protocolo (ver) firmado entre la empresa concesionaria Sacyr, los trabajadores y el Ayuntamiento, que permitió desconvocar una huelga de los empleados del servicio de limpieza y ratificado en la Junta de Gobierno Local cuatro días antes de las elecciones municipales, sin ningún informe técnico ni económico y que supuso una modificación del contrato inicial cinco meses después de ser adjudicado, incrementando los costes del mismo en más de 2,5 millones de euros.

Mesa de contratación

No sólo eso, el titular del juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo llega más lejos y pide al Ayuntamiento toledano toda la documentación donde se recoja sí, con ocasión de la celebración de la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007 (ver documento), “se emitió informe por parte de la mesa de contratación o por otra comisión municipal al efecto de informar sobre la procedencia de aprobar el Protocolo suscrito el 21 de mayo de 2007”, recoge en sus diligencias. Y es que el juez sabe ya que el expediente de contratación carece de un informe económico de los servicios del Ayuntamiento tal y como se realiza en otras concesiones de servicios públicos.

Una empresa externa de selección

Del mismo modo, fuentes cercanas al caso reconocen a este periódico que el magistrado Florencio Rodríguez tampoco alcanza a comprender por qué el Ayuntamiento contrató a una empresa externa para evaluar la idoneidad de los candidatos, siendo la primera vez en la historia del Consistorio que se recurría a terceros cuando son siempre los funcionarios municipales los encargados de llevar a cabo estas tareas. Fuentes que precisan que no “ha quedado aclarado por qué se contrató a esa empresa que ni siquiera tenía experiencia en la valoración de este tipo de contratos de servicios públicos”, concretan.

El pelotazo de los viales

Pero aquí no queda la cosa, ni las sospechas de amaño del contrato de las basuras a cambio, siempre según Luis Bárcenas, de una mordida de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de Cospeal, ya que Sacyr, además de los 63 millones iniciales de la recogida de basuras, también logro del Ayuntamiento presidido en 2007 por el PP otro suculento contrato para la conservación de los viales de la localidad, un servicio que nunca antes se había prestado en la ciudad y que además representaba la oferta más cara de todas las presentadas (ver documento). O lo que es lo mismo, la empresa de Fernando del Rivero y Manuel Manrique, ambos imputados en la supuesta mordida, se llevó otros 700.000 euros por dos años de mantenimiento de la red viaria, contrato prorrogable por otros dos, lo que supuso un desembolso de otros 1.400.000 euros, si bien el PSOE cuando accedió al Ayuntamiento anuló dicho contrato. De ahí que el exalcalde Emiliano García-Page, y hoy presidente del Gobierno castellano-manchego, dijera que “una cosa es el contrato de la basura de Toledo, que hizo el PP, y otra la basura que hay detrás del contrato”.