Jueces para la Democracia estudia acciones legales por la investigación de la Fiscalía contra la jueza y diputada Victoria Rosell

El secretariado de Jueces para la Democracia ha remitido un escrito a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal advirtiendo que estudian ejercer acciones legales  ante la incoación de diligencias por parte del Ministerio Fiscal contra la magistrada en excedencia y ahora diputada por Podemos, Victoria Rosell. Consideran que no era potestad de la Fiscalía realizar este tipo de acciones y reclama la apertura de una investigación interna para depurar responsabilidades de la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial Guillermo García Panasco.

En su escrito a Madrigal, JpD recuerda que “recientemente la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado las Diligencias Preprocesales nº 83/2015, en las que se ha pretendido realizar diversos trámites para investigar la posible comisión de una falta disciplinaria por parte de la magistrada en excedencia Dª Victoria Rosell”.

La Fiscalía no es competente
Y aquí es donde señalan el problema que origina su denuncia: “Dichas actuaciones se han llevado adelante a pesar de que no existe competencia del Ministerio Fiscal para tramitar dichas diligencias, pues la instrucción de estos procedimientos corresponde de manera exclusiva al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ”.

Le corresponde al Consejo
En este ámbito, el artículo 605 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria, resaltan.

El caso se filtró rápidamente
“Además, no se ha permitido a la persona interesada el acceso a las actuaciones, con lo que se le ha imposibilitado el ejercicio de sus derechos. En cambio, se ha filtrado el referido expediente (tramitado con sorprendente celeridad) a determinados medios de comunicación, en plena campaña electoral”, añade la Asociación.

Conexiones peligrosas con el poder político
Dicha filtración de unas actuaciones de carácter reservado implica para JpD “una evidente vulneración de derechos. Y únicamente ha podido proceder de la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas, al no existir partes personadas en las diligencias. Con este tipo de actuaciones se vulnera la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía y también parecen mostrarse conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político”.

JpD no quiso actuar durante las elecciones
“Desde el Secretariado de Jueces para la Democracia preferimos no realizar un pronunciamiento directo sobre esta cuestión durante la campaña electoral, con la finalidad de que nuestra preocupación sobre estos hechos no pudiera confundirse con algún tipo de apoyo a cualquier opción política que pudiera afectar a nuestra independencia como organización”, continúan.

Contra la independencia judicial
Sin embargo, desean dejar claro que “nuestra prudencia institucional y nuestra responsabilidad asociativa no pueden confundirse con la aceptación de unos hechos de especial gravedad. Una vez transcurrido el periodo electoral, consideramos que deben aclararse estos hechos, pues afectan a la independencia judicial y a las garantías del procedimiento sancionador como elemento básico del estatuto profesional de quienes integran la judicatura”.

Acciones legales
Jueces para la Democracia anuncia que van a analizar el ejercicio de acciones legales. Y solicitan además  a la Fiscal General del Estado la apertura de una investigación interna para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades.

Un uso partidista
Estas responsabilidades son aquellas “en las que pudieran haber incurrido la fiscal Dª Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas  D. Guillermo García Panasco. Lamentamos muy especialmente el uso partidista que se puede haber dado a una institución como la Fiscalía, con el consiguiente descrédito de nuestro Estado de Derecho”, concluyen.

Investigación contra la jueza
Este caso se remonta a finales de noviembre cuando la fiscal de Las Palmas encargada de los delitos económicos abrió unas diligencias de investigación contra la juez y candidata de Podemos Victoria Rosell. Encargó gestiones documentales a la Policía Judicial para reunir todo el material posible sobre un contrato de venta/cesión de la emisora de Carlos Sosa, compañero sentimental de la magistrada.

Los cheques del conflicto
Se trataba de averiguar el origen de los cheques utilizados por el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Rodríguez, con los que realizó los pagos por dicha emisora y conocer la fecha de las operaciones. La magistrada instruyo una causa contra Ramírez y lo que la fiscal intentaba averiguar era si ya había dejado el juzgado cuando dichos pagos se efectuaron.

El CGPJ ya archivó una denuncia
Victoria Rosell mantuvo que la venta de la emisora se había producido tras su salida del juzgado, explicación de la que al parecer dudaba la fiscal. A la magistrada le había correspondido por reparto instruir una causa contra Ramírez por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Una primera denuncia contra la magistrada por la fiscal fue archivada por el Consejo General del Poder Judicial.