Las asociaciones de emigrantes retornados han salido a la calle una vez más este jueves para pedir a todos los partidos políticos que se comprometan con su causa y que se modifique la Ley General Tributaria para que se les deje de exigir que tributen de manera retroactiva las pensiones que reciben de terceros países y para que se les reconozcan sus minusvalías e invalideces en igualdad de condiciones.
Son más de un millar los jubilados que se han echado a la calle para protestar entre la Puerta del Sol y el Ministerio de Hacienda, pasando por delante del Congreso de los Diputados. Durante años trabajaron en otros países europeos y ahora se quejan del cambio de criterio del Gobierno, que les reclama que paguen impuestos por las pensiones extranjeras de los años anteriores.
El Ministerio que dirige Montoro, tras varias protestas, había decidido darles un plazo de seis meses para regularizar su situación sin que se les multase, pero los afectados creen que el plazo es muy corto, sobre todo por tratarse de gente mayor que, muchas veces, no conocen los trámites que tienen que seguir.
"En otros países europeos esto se está haciendo pero sin carácter retroactivo, pero aquí han aplicado la ley con toda la retroactividad posible", ha lamenta Pilar Burgo, presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados de Asturias, en declaraciones a Europa Press. Burgo asegura que a algunos afectados se les ha pasado el plazo y están recibiendo ahora las sanciones.
Además, afirma que aunque se ha dado marcha atrás en la imposición de multas que se aplicaron en un primer momento, Hacienda también les está poniendo muchas dificultades para solicitar aplazamientos de pago, lo que supone que jubilados con apenas 1.000 euros de pensión tienen que pagar de golpe hasta 800 euros por los últimos cuatro años.
"No podemos ser los paganinis de los chorizos que defraudan y se llevan su dinero a Suiza", ha criticado Burgo, que ha estado animando con su megáfono a los jubilados que han llegado desde todos los rincones de España hasta Madrid para protestar con lemas como 'Somos jubilados, no defraudadores' o 'No es la solución robar a la emigración'.
Otro problema que sufre este colectivo es que el Gobierno no convalida las invalideces absolutas que sí han sido reconocidas por terceros países, y esto implica que los afectados no gozan de la exención fiscal que sí tienen quienes han obtenido esa calificación en España. Y lo mismo sucede con las pensiones por minusvalía, que se ven reducidas hasta a un tercio de lo que se recibe en otros estados.
"Esto no se puede admitir. Si estamos en Europa estamos para todo, también para la igualdad. A estas personas les han partido la vida por la mitad, están desprotegidos", insisto Burgo, que avisa de que los afectados seguirán saliendo a protestar a la calle hasta que los partidos políticos se comprometan a cambiar la Ley General Tributaria y a revisar el resto de asuntos.
De hecho, tras mantener un encuentro con todos los grupos parlamentarios a final de legislatura, las asociaciones ya han sido recibidas por los candidatos de los diferentes partidos --salvo Albert Rivera y Pablo Iglesias, de los que siguen "esperando" una respuesta--, que se muestran "comprometidos" con su causa e incluso la incluyen en su programa electoral, como es el caso del PSOE.
"Pero necesitamos que todos lo hagan porque en la próxima legislatura no habrá un Gobierno de un partido, sino de varios. Por eso necesitamos que todos se comprometan", concluye la activista asturiana.
