La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizando su Índice de Justicia Social ha analizado diferentes aspectos que valoran la vida de los ciudadanos españoles, desde el desempleo hasta el medio ambiente. El informe ha sido coordinado por el profesor César Colino y en él han participado como relatores los investigadores Ignacio Molina y Oriol Homs. Lo que se pretende descubrir con este Índice es hasta qué punto los diferentes gobiernos de los países miembros promueven y facilitan la inclusión social y económica de cada sociedad. España no queda bien en este baremo: aparece en la cola entre los países OCDE, perdida en el puesto número 30.

La peor nota en justicia social
Al analizar los diferentes 'ingredientes' que conforman la nota, España aparece en el número 33 en el apartado de política económica destinada a garantizar la justicia social; en el 30, en cuanto a la calidad de su democracia; en el 19 en relación a la capacidad del Gobierno para enfrentarse a la crisis económica; en el puesto 26 respecto a políticas sociales, y en el 29 en relación a políticas medioambientales.

El informe destaca el elevado desempleo que se sufre en nuestro país. Sobre el mercado de trabajo, incide en la economía sumergida y en torno a la gestión de las administraciones, explica que los déficits, tanto central como autonómicos, siguen siendo importantes. La deuda pública, por su parte, es alta y creciente. Igualmente, el informe pone de manifiesto que los recortes se han llevado por delante gran parte de los recursos destinados a la financiación en I+D+i, a la calidad del sistema sanitario o a promover el desarrollo.



En cuanto a políticas sociales, el informe apunta que, a pesar de los esfuerzos del país por mejorar el acceso y la calidad de la educación, los resultados de PISA siguen dando una nota mediocre. La exclusión social se concreta en la falta de ayudas a las familias y la elevada tasa de pobreza infantil. En el lado positivo se destaca el nivel de tolerancia social, que facilita la integración de los inmigrantes, la sostenibilidad de las pensiones y la rentabilidad del sistema de salud nacional.

Críticas a la ley mordaza y a la financiación política
Respecto a calidad democrática, el informe de la OCDE destaca la poca transparencia de la financiación de los partidos políticos. Esto se debe, según apunta el estudio, a que además de la financiación pública existen donaciones privadas poco claras, que permiten abusos. En este sentido recuerda que aún no es operativa la nueva legislación que ha aprobado el Gobierno, supuestamente más estricta.

En este capítulo la OCDE critica los obstáculos que ofrece la legislación para que se celebren referendos. Del mismo modo, concluye que las restricciones que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana no contribuyen a que mejoren los índices de calidad. Por su parte, el informe cataloga el sistema judicial de independiente y fuerte, aunque critica la tardanza en alcanzar resoluciones.

Pobres resultados en políticas medioambientales
Por último, en referencia a la política medioambiental, el informe señala que han disminuido el consumo de energía y las emisiones desde el inicio de la crisis, aunque se han mantenido por encima de los objetivos del Protocolo de Kioto. La OCDE recuerda que los incentivos económicos para las energías renovables continúan congelados, mientras que todavía hay problemas con la calidad del aire y el tratamiento de las aguas residuales en las grandes ciudades.

Igualmente la OCDE se muestra crítica con el regreso de los proyectos de construcción, que considera potencialmente destructivos con el medio ambiente; sin embargo, la red de parques nacionales ha mejorado la protección de la vida silvestre. Ha repuntado que España sigue sin contribuir activamente en el diseño de regímenes ambientales internacionales.