La Generalitat empieza a rectificar la chapuza de la privatización del agua

Artur Mas sigue teniendo los mismos problemas para cuadrar las cuentas que cuando a principios de mes presentó los presupuestos para 2015, pero ante el rechazo frontal de la oposición este lunes sí están más cerca de sacarlos adelante. ERC ha avanzado hoy que votará en contra de las enmiendas a la totalidad para facilitar su tramitación inicial. Los de Oriol Junqueras lo han presentado como un gesto de "generosidad" y "responsabilidad" de cara a que el proceso soberanista siga adelante y haya un adelanto de las catalanas en clave de plebiscito antes de primavera.

Errores recientes que ahora hay que rectificar
Pero las cuentas elaboradas por el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, siguen llenas de incógnitas, como ha explicado ELPLURAL.COM. La gran apuesta de la Generatitat de cuadrar los números con agua está plagada de incertidumbres y de hecho se están rectificando errores del pasado en ese sentido. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, anunció este fin de semana que ha ordenado constituir una mesa de contratación para dar cumplimiento "inmediato" a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que invalidó la adjudicación de ATLL al consorcio liderado por Acciona.

Mesa para estudiar "la mejor vía" para cumplir con la ley
En comunicado, Vila explicaba que este lunes estaría firmada la convocatoria de constitución de esta mesa, con el objetivo de que estudie "la mejor vía" posible para ejecutar la resolución del OARCC, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat para mantener la adjudicación del concurso. Y esta mañana ha añadido que entregar la gestión de la compañía Aigües Ter-Llobregat a Agbar sería ahora la postura "más confortable" desde el punto de vista del Govern, puesto que "no tendría ni incidencias presupuestarias".

ICV reclama responsabilidades por la "ineficacia"
La chapuza cometida por Mas-Colell con ATLL, la mayor privatización emprendida nunca por la Generalitat en una operación cercana a los 1.000 millones de euros, podría tener consecuencias. Así lo reclama al menos el secretario general de ICV, Josep Vendrell, quien ha avanzado hoy que los ecosicialistas pedirán al Govern responsabilidades políticas "al más alto nivel" y, si se da el caso, incluso penales. Vendrell ha recordado que "la ineficacia" de la Generalitat la acaban pagando los ciudadanos y con este tipo de errores se genera "falta de confianza" en los inversores extranjeros.