También estarán citadas como parte interesada en este proceso de conflicto colectivo la Asociación Profesional de la Magistratura, la de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Nacional de Jueces y la Asociación Foro Judicial Independiente.
Los testigos
Como testigos acudirán la magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles quien también fue vocal del CGPJ; el magistrado Carlos Hugo Preciado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; la magistrada decana de Lanzarote Gloria Poyatos del juzgado de Lanzarote, y Javier Martínez Derqui, juez de violencia de género de Madrid.
La inaceptable muerte del juez del Olmo
Esta demanda no tiene precedentes y en síntesis plantea que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fuera fijada en 2011 por el CGPJ. Si bien el malestar de los jueces era ostensible desde hace años, la muerte en julio de 2013 de un juez de lo Social de Madrid, Ángel Luis del Olmo, que falleció en su despacho como consecuencia de un infarto como informó entonces ELPLURAL.COM hizo que la indignación creciese.
Una intensa situación de estrés
En aquel momento sus compañeros denunciaron que “Ángel Luis del Olmo, como la mayoría de los jueces de lo Social de Madrid se encontraba sometido a una intensa situación de estrés consecuencia del incremento de la litigiosidad derivada de la crisis económica”, como informó ELPLURAL.COM.
Los recortes del PP culpables
Los jueces apuntaban a la reforma laboral y los recortes sociales del Partido Popular que obligaban a los magistrados a incrementar su horario laboral hasta grados extremos ante la conflictividad provocada por estas medidas gubernamentales que en forma de despidos y demandas laborales colapsaban los juzgados.
Ni medios ni sustituciones
Ya en aquellos momentos destacaban que la situación vivida por los jueces de lo social suponía una tremenda tensión. “No hay medios, ni materiales ni personales. Cuando existe una vacante, por lo general no se cubre. Se deniegan las prolongaciones de jornada, los permisos, se deniega todo”, denunciaron a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas del área laboral cuando tuvo lugar la trágica muerte del magistrado. Situación que continúa: “Los permisos para formación o cursos se suelen denegar por falta de sustitutos…”
Sin Plan de Prevención
A partir de aquel momento Jueces para la Democracia defendió en todas las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud la necesidad de fijar una carga máxima de trabajo. “La respuesta fue siempre negativa por parte del CGPJ”, explicaron. Ante los casos que se produjeron de accidentes de trabajo y la carencia de una evaluación de riesgos o un plan de prevención, los jueces presentaron las pertinentes denuncias ante la Inspección de Trabajo.
La “mentira” de las nuevas plazas
La gota que desbordó el vaso se concretó en las declaraciones del Gobierno sobre la creación de 282 nuevas plazas de jueces para contribuir a la lucha contra la corrupción. Esa afirmación fue contestada con indignación por JpD : “esas plazas ya hacía meses que se habían previsto para regularizar la situación de los integrantes de dos promociones que, en contra de toda garantía de inamovilidad y de conciliación de su vida familiar y laboral, aún no tienen plaza”.
Una realidad muy distinta
Frente a las cifras oficiales los jueces progresistas enumeraban: “395 compañeros sin plaza, la falta de creación de nuevos puestos que nos acerquen a la aún lejana media europea de jueces/habitante; la falta de implementación de la Oficina judicial y el absoluto desinterés del CGPJ en la búsqueda de soluciones a estos problemas, no hacen sino evidenciar que la realidad actual dista mucho de ser la de un Gobierno empeñado en la lucha contra la corrupción”.
Tapar las vergüenzas gubernamentales
Afirmaban que muy al contrario la actitud del ejecutivo parecía querer “tapar sus propias vergüenzas, obstaculizando con todos los medios a su alcance que el Poder Judicial funcione de forma independiente, transparente y eficaz, en garantía de la independencia y celeridad en la aplicación de las leyes y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”.
Un ponente con mucha experiencia
En base a esas consideraciones, se presentó esta demanda ante la Audiencia Nacional que hoy se ha admitido a trámite y que tendrá como ponente al magistrado Ricardo Bodas Martín. Bodas es el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, un profesional de prestigio con una extensa experiencia en derecho laboral y buen conocimiento de este tema. El juez tiene ahora un complejo dilema que resolver.
