Es imposible encontrar en todo el mapa autonómico una comunidad como la de Castilla-La Mancha, sin ningún organismo que la fiscalice, sin prácticamente oposición parlamentaria y sin un control democrático que impida el llamado pensamiento único. Y es imposible porque todas las 17 comunidades autónomas, menos la castellano-manchega, cuenta con uno, dos o tres instituciones que velan por el buen gobierno de los ejecutivos. Y quien no tiene Defensor del Pueblo, tiene Sindicatura de Cuentas o Consejo Económico y Social (CES), o los tres organismos al mismo tiempo. Y si no dispone de ninguno de los tres, sí tiene, al menos, una oposición bien organizada y con los medios necesarios para ejercer su función democrática, que no es otra que levantar acta notarial de todo lo que sucede en la región e impedir así abusos de poder, como sucede, hoy por hoy, en la comunidad castellano-manchega presidida por María Dolores Cospedal, según denuncia la diezmada oposición socialista, a cuyos parlamentarios la también secretara general del PP ha retirado el sueldo impidiendo que éstos desarrollen su trabajo con eficacia y solvencia democrática.
Con las manos libres hasta 2016
Para el PSOE la eliminación del último testigo fiscalizador está claro: “A Cospedal no le salen las cuentas, ni aquí, ni en Madrid, por eso oculta las suyas suprimiendo la Sindicatura de Cuentas”, asegura a ELPLURAL.COM el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero. A su juicio, Cospedal sabe que trasladando las competencias del Síndico al Tribunal de Cuentas estatal “ninguno de los ejercicios presupuestarios en los que ella ha sido presidenta de la Junta van a estar controlados y fiscalizados antes de las próximas elecciones autonómicas del año 2015. No quiere que los ciudadanos vean cómo ha gastado el dinero y las consecuencias de sus recortes”.
El fiscalizador de Soto del Real
La supresión de este órgano de control fue aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha con los únicos votos del PP. Vaquero asegura que los socialistas no quieren creer que la eliminación de la Cámara de Cuentas regional se deba “a que en sus informes dejó claro que no estaban en la contabilidad del PP de Castilla-La Mancha los 200.000 euros de la presunta comisión ilegal que Bárcenas dice que dio para la campaña de Cospedal, ni queremos creer que Cospedal está pensando en hacer en la próxima campaña lo que Bárcenas dice que hizo en el pasado, ahora que no va a tener nadie que la controle”. El caso es que solo Bárcenas fiscaliza a Cospedal desde Soto del Real a través de un plasma que pronto se repetirá de nuevo en los juzgados toledanos, de donde la secretaria general del PP salió muy mal parada al ser señalada por el extesorero como perceptora directa de sobresueldos y comisiones.
Por qué no fue suprimido en 2011
Por su parte, el Grupo Popular basa la supresión de este órgano a una promesa realizada por Cospedal. Sin embargo, no deja de ser curioso que esta eliminación no se realizara en 2011 y sí en el tercer año de la legislatura, en mitad del escándalo de la presunta financiación ilegal del PP de Castilla-La Mancha por las denuncias de Bárcenas en la Audiencia Nacional. Cospedal se apresuró a borrar del mapa autonómico al Defensor del Pueblo y al CES, pero a la Sindicatura la utilizó primero para que emitiera informes contrarios a la gestión del anterior gobierno, presidido por el socialista José María Barreda. El PP reivindica la austeridad y el ahorro para cerrar la Sindicatura, cuando en realidad de las 52 personas que trabajan en este organismo, 46 son funcionarios de carrera que la junta deberá adscribir a otros servicios y que el PSOE pide que se integren en las Cortes y crear aquí una Oficina de Control presupuestario
A Cospedal no le salen las cuentas
Según Fernández Vaquero, “por no salirle las cuentas, a Cospedal no le salen las cuentas ni de cuándo revocó los poderes de tesorero del PP a Bárcenas, porque parece que hay documentos en poder del juez Ruz que dicen que fue en marzo de 2010, y no en octubre de 2009, como dijo la propia Cospedal (documentos publicados en exclusiva por ELPLURAL.COM)”, añade, “no le salen las cuentas a los parados, porque tenemos 55.000 más desde que gobierna ella y eso que se han ido de Castilla-La Mancha 40.000 personas”. Tampoco le salen las cuentas a los dependientes e, incluso, a los conductores profesionales de la Junta de Comunidades. En este sentido, el diputado socialista catalogó de “inmoral que mientras pretende despedir a 76 chóferes que se ganaron su plaza en una oposición, quiere nombrar a dedo, por libre designación, a 31 conductores. ¿Con qué méritos? ¿Confianza personal? ¿Confianza política? ¿Voto por correo?”, concluye preguntándose.
