El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista en Antena 3, cuando aseguró que estaba "absolutamente convencido de que a la infanta le irá bien”. EFE



El Gobierno ha movido todos los hilos para que la hija menor del Rey no se siente en el banquillo de los acusados, como probablemente habría sucedido de tratarse de cualquier otro ciudadano. La conclusión es simple, a la vez que demoledora: la Justicia no es igual para todos. Al juez Castro, impotente, no le ha quedado más que reprochar a los representantes de Hacienda y de la Abogacía del Estado “el trato diferente” a la infanta Cristina. Las palabras de Mariano Rajoy, en su reciente entrevista en Antena 3, fueron un preaviso de lo que se estaba cocinando: “Estoy absolutamente convencido de que a la infanta le irá bien”, dijo el presidente.

Las declaraciones, ayer, de los representantes de Hacienda
Los inspectores de Hacienda han mantenido su decisión de exonerar a la infanta de un delito fiscal, que insisten en atribuir sólo a su marido, Iñaki Urdangarin. Incluso, la jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, que también ha declarado este sábado ante el juez, ha descartado que la hija del Rey blanqueara dinero a través de Aizoon, obtenido ilegalmente por las empresas creadas por el duque de Palma y su exsocio, Diego Torres, para repartirse los fondos públicos que consiguieron con contratos irregulares de Gobiernos autonómicos del PP.

La decisión de no recurrir la imputación
El plan ha consistido en no recurrir la segunda imputación de la infanta, decidida por el juez Castro, aunque desacreditada por el fiscal Pedro Horrach, para que el fin de esta historia fuera la declaración de la infanta ante el magistrado el próximo día 8. Se supone que esto debe dejar satisfecha a la opinión pública española.

La sustitución clave de la abogada de Baleares
El Gobierno ha ido moviendo los hilos adecuados. Según desvela hoy El País, como parte de esta estrategia para salvar a la infanta, en julio de 2013 se sustituyó a la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, ya que de éste salieron algunos de los contratos irregulares adjudicados a Urdangarin. La abogada Mari Ángeles Berrocal, funcionaria con experiencia en casos de corrupción, fue relevada por Antonia Perello, militante del PP. La razón que se alegó para el cambio fue que se trataba de “una redistribución de funciones para optimizar recursos”.

Los inspectores de Hacienda que escrutaron la actividad económica de la infanta Cristina a través de su empresa Aizoon llegan a los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca. EFE



La llegada a la Hacienda de un hombre del PP
Después vino la dimisión de la entonces directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, propiciada por el escándalo de las 13 fincas atribuidas erróneamente a la infanta. Viana fue sustituida por un hombre clave, Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, que es secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias y fue subsecretario de Defensa con Aznar.

El tándem Fiscalía-Zarzuela
Ha habido reuniones en Madrid del fiscal Pedro Horrach con su superior en Anticorrupción, Antonio Salinas, de las que éste ha mantenido al tanto a Eduardo Torres-Dulce. El fiscal general del Estado ido defendiendo en múltiples ocasiones la inocencia de la infanta. La Zarzuela ha estado más que al tanto de estas maniobras, según desvela El País, que menciona como factor importante al jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.

El Rey comunicó a la infanta la decisión de Horrach
Tras el auto del juez Castro imputando por segunda vez a la hija del Rey, la decisión de los actores de la maniobra fue no recurrir, y así se trasmitió a la defensa de la infanta. El Rey habría asumido esta opción y personalmente le habría comunicado a su hija que aceptara la decisión de Horrach.

Allanar el camino a la declaración de la infanta
La estrategia pasaba por citar a los peritos de Hacienda para que allanaran el camino a la infanta, librándola de cualquier posible delito fiscal, como han hecho. Por otra parte, se conseguía desarmar al juez Castro.

La impotencia del juez
El juez habría expresado su impotencia en uno de los recesos entre las declaraciones de ayer, al decirle a la abogada del Estado María Dolores Ripoll, una de las más firmes defensoras de los intereses de la infanta, que está “cansado” de ver cómo Hacienda “trata de manera diferente” a la hija del Rey. Lo publica hoy El Mundo, que se basa en testigos presentes durante esa conversación.