El Partido Popular, de la mano de los obispos, ha dado una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de incrementar el peso del adoctrinamiento católico en la educación pública española. Como se sabe, la llamada ley Wert en trámite recupera la enseñanza confesional como asignatura curricular, evaluable, de oferta obligatoria y con alternativa forzosa en los tramos de educación primaria y secundaria. Ahora, mediante una enmienda introducida en el Senado, se pretende implantar tal modelo también en el bachillerato. No es una buena idea.

El artículo 27.3 de la Constitución Española legitima las reivindicaciones de quienes esperan del Estado la garantía del “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero tal precepto constitucional no obliga al Estado a hacer de la doctrina religiosa una asignatura curricular en el sistema público de enseñanza. Las administraciones pueden garantizar el acceso a la formación confesional, por ejemplo, colaborando con el sostenimiento de los templos religiosos en los que se lleva a cabo la catequesis, o facilitando instalaciones públicas para que las iglesias impartan por sí mismas sus postulados, cuando no incidan negativamente en otras utilidades.

Sigue leyendo en el blog de Rafael Simancas