La Guardia Civil ha inculpado por contrabando de especies protegidas y falsificación de documentos y certificados al cetrero Fernando Olmos, a cuya empresa (Arte Halcón) se le adjudicó el control de fauna del aeropuerto de Castellón, por 82.000 euros al año, a pesar de que dos años después de su inauguración el aeródromo sigue cerrado.

123 animales exóticos
La actuación de la Guardia Civil, bajo el nombre de Operación Crisálida, a instancias de la Fiscalía de Castellón, ha permitido rescatar a 123 animales exóticos, de los cuales once son especies destinadas a varios aeropuertos españoles. Fernando Olmos es responsable del control de la fauna en otros tres aeropuertos de Aena: Tenerife Norte, Tenerife Sur y La Palma, según El País.

Irregularidades
De acuerdo con la investigación, “muchos de los ejemplares” de la colección de Olmos no tienen la documentación legal necesaria y se detectaron ejemplares con anillas abiertas (lo que le hace sospechar que las intercambiaban entre aves) y otros con documentación falsa sobre la edad de las aves. Los agentes creen que se ha empleado documentación de animales fallecidos. Además de estas irregularidades, las instalaciones inspeccionadas “carecían de autorizaciones”.

La Generalitat se justifica
La Generalitat se ha apresurado a rescindir el contrato con Olmos, a quien lo adjudicó a pesar de que el aeropuerto no ha llegado nunca a funcionar. El Gobierno que preside Alberto Fabra ha explicado tras la marcha de Carlos Fabra de la empresa pública Aerocas, gestora del aeropuerto, se ha iniciado una auditoría para desechar los contratos prescindibles.

La Fiscalía de Castellón inició su investigación, después de que aparecieran en viviendas particulares y un núcleo zoológico de la provincia de Castellón cinco ejemplares de búho real y uno de águila harris.

Derroche de fondos públicos
El polémico aeropuerto de Castellón ha representado para la Generalitat un derroche inaudito de fondos públicos desde que Francisco Camps y Carlos Fabra lo inauguraran a bombo y platillo en marzo de 2011. Ese año, los gastos de explotación ascendieron a un total de 6.484.935 euros, de los que 5.092.596,22 euros se gastaron en el apartado de publicidad, propaganda y relaciones públicas; es decir, más del 78%.

Casi un millón de euros, 918.663 euros fueron a parar a servicios profesionales independientes; 368.865,49 euros a los salarios de sus siete trabajadores; 223.074 euros a trabajos realizados por otras empresas; 129.430 a otros servicios; 23.412 a arrendamientos y cánones y 23.006 a servicios bancarios o similares.