El Partido Popular va de lío en lío y de ridículo en ridículo en el 'caso Bárcenas'. Después de negar el cobro de comisiones y pago en sobres con dinero 'B' a dirigentes del partido durante años, anunciaron querellas "contra todos" los que se hicieran eco de esas noticias. Por supuesto anunciaron querellas contra Bárcenas. Desde el anuncio de querellas masivas hasta la primera que presentaron transcurrió 1 mes. Y el PP se querelló contra el diario El País por publicar los supuestos papeles de la contabilidad B y contra "el supuesto autor de los papeles", no ha demandado al ex tesorero Luis Bárcenas. Para más inri, antes de presentar esa querella Bárcenas se les adelantó y demandó al Partido Popular por despido improcedente, la primera de las tres demandas que les ha puesto.

Defecto de forma
Los portavoces del Partido Popular justificaron la tardanza en presentar alguna demanda porque era un tema complicado y no querían cometer el más mínimo error. La primera en la frente: el titular del juzgado de instrucción número 83 de Plaza de Castilla, David Rodríguez Fernández-Yepes, ha devuelto al PP la demanda que presentó contra El País por "defecto de forma". Se trata de un fallo clamoroso porque el Partido Popular presentó la demanda a través de un poder otorgado a unos representantes para comparecer en un contencioso ante la Junta Electoral Central, pero ese poder no vale para presentar una demanda civil como la que han presentado contra El País y el "supuesto autor" de los papeles.

Cinco días de plazo
El juez dictó un providencia  el pasado 11 de marzo y conocida hoy, por la que da cinco días de plazo al partido Popular para subsanar el error, presentar correctamente la demanda y decidir después si la admite a trámite o no.

El fallo clamoroso en la presentación de la primera demanda que presenta el PP en el 'caso Bárcenas' añade un toque surrealista más a todas las respuestas que ha dado la dirección del partido al caso Bárcenas, destapado al descubrirse que el ex gerente y ex tesorero del PP durante 20 años tenía 22 millones de euros en Suiza. Luego se descubrió que eran 38, y además se acogió a la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro.