Es un empeño del Gobierno intentar deslegitimar la acción sindical y amedrentar a los ciudadanos. En vez de atender sus demandas, intenta coartar la libertad de reunión, manifestación y huelga. Esto se ha convertido en una obsesión para el Gobierno y su partido, intentar reprimir las libertades en la medida que crece el descontento social en la calle.
El marco legal vigente no deja lugar a dudas. Regula el régimen de responsabilidades de los sindicatos y empresarios, a través de la Ley de libertad Sindical, de 1985. No hay privilegios de ningún tipo ni excepciones. Sindicatos y empresarios, conforme al artículo 7 de la Constitución, les corresponde la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Al sr. Gallardón en la respuesta a la interpelación parlamentaria se le ‘olvidó’ toda referencia a las organizaciones patronales.
Falsea la realidad y criminaliza a los representantes de los trabajadores, y a sus afiliados, de forma injusta pues nunca han estado por encima o al margen de las leyes ni lo han pretendido. Cumplen las leyes y ninguna norma les exonera, hecho que el propio Gobierno ha permitido, por ejemplo, con los presuntos defraudadores fiscales, a través de una amnistía. La modificación del Código Penal a la que alude el Sr. Ministro, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas vino a llenar en su día un vacío en las responsabilidades por delitos económicos en el ámbito de las empresas que nada tiene que ver con el ejercicio de los derechos de huelga, reunión y manifestación.
Sabemos de la extensión de la responsabilidad sancionadora a los promotores de manifestaciones, a través de las redes sociales, por actos delictivos aislados, realizados por personas o grupos. En el caso de sindicatos y otras organizaciones ciudadanas, parece que pretende hacerles responsables penalmente, concretamente a sus órganos directivos, por los delitos cometidos por individuos o grupos aislados durante los actos de protesta. Tendría que reformar el Código Penal, pero tiene difícil encaje constitucional.
No es la primera vez, ni será la última. Ya escuchamos estas propuestas, o similares, con ocasión de la huelga del 29 de marzo contra la reforma laboral, movilización que el Gobierno trató de convertir en un problema de orden público. Igual ocurrió con la represión policial, sin parangón en la historia de la Democracia, ordenada por el Ministerio del Interior este año, ante otras acciones de protesta.
Es lamentable, y dice mucho de la acción de un Gobierno, esta actitud ante el creciente descontento ciudadano sea arremeter contra las libertades.
Toni Ferrer es Secretario de Acción Sindical de UGT
