Una decisión del Tribunal valenciano
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debe pronunciarse en breve sobre la imputación de Blasco, después de que la jueza que instruía la causa decidiera elevarla a este tribunal al estimar que el portavoz del PP en las Cortes Valencianas pudo incurrir en hechos delictivos durante su etapa como conceller de Cooperación. Según el auto de inhibición, Blasco pudo haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Incluso podría haber recibido cantidades de la trama corrupta alrededor del desvío de fondos de la Generalitat destinados a Cooperación con el Tercer Mundo.
Mantiene el cargo
Blasco ha sido retirado, de boquilla, como portavoz 'popular' en las Cortes por su implicación en esta causa judicial, aunque sobre el papel se mantiene en el cargo al no haber sido aun imputado formalmente. Ahora, sin embargo, tiene un asiento en la Ejecutiva provincial del partido. Pero esto es algo que en la Comunidad Valenciana, tratándose del PP, no se sale de la norma. En una comparecencia precisamente en las Cortes, en junio, el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto afirmó que el popular es "un partido que tiene a uno de cada cinco miembros imputados por corrupción".
La lista de imputados populares
Es de suponer que Rafael Blasco forme parte de la lista al estar muy cerca de la imputación. En su situación se encuentran otros destacados dirigentes del partido, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por sus implicaciones en la elaboración del PGOU de la ciudad, supuestamente al dictado del empresario Enrique Ortiz, principal imputado en el caso Brugal.
Imputado ya está quien fuera mano derecha en el partido de Camps, Ricardo Costa, por la presunta financiación irregular del PP valenciano. Y por la misma causa, otros miembros destacados del partido en la región: Vicente Rambla, Angélica Such, David Serra (y Milagrosa Martínez.
Una tercera fuerza política
También lo está el alcalde de Torrevieja hasta 2011 Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por prevaricación y falsedad documental por la adjudicación de la recogida de basuras de 2004 en su ciudad. En total, son 10 los diputados imputados de un grupo formado por 55 parlamentarios, lo que da la razón al representante de Izquierda Unida, en su afirmación de que “uno de cada cinco están bajo la sombra de la sospecha.
En la Red en algunos blogs se ironiza con la idea de que si los imputados e implicados en casos de corrupción del PP se aliaran en una nueva formación conseguirían convertirse en la tercera fuerza política de la comunidad.
