Ayer viernes se conoció que la Guardia Civil había hecho entrega a la juez de un informe que obliga a ésta a paralizar los interrogatorios previstos.  Según apuntan los investigadores en este informe la Junta habría revisado los expedientes entregados a la magistrada sacando de ellos documentación de interés para la investigación".

No hubo destrucción de documentos
De dicho informe se desprendería que el ex Consejero de Empleo encarcelado por la jueza, Antonio Fernández, era conocedor  de las ayudas individuales y que ocasionalmente habría dado el visto bueno. Los investigadores de la UCO no obstante, mantienen que no hubo destrucción de documentos pero afirma que los expedientes reclamados por la juez "no se mandaron tal cual estaban", sino que se extrajo de ellos documentación.

El caso abocado a ir al Tribunal Supremo
Algo que podría cambiar el curso de la investigación radicalmente y llevarlo al Tribunal Supremo sería la tesis de la Guardia Civil que pone en el punto de mira al diputado José Antonio Viera como persona que jugó “un papel esencial” en la concesión de esas ayudas durante su etapa de Consejero de Empleo. En su condición de aforado el caso escaparía de la competencia de la juez o al menos buena parte de la instrucción.

Sorpresa: Alaya paraliza las declaraciones en dos meses
Ante la aparición de este informe de 300 páginas y a la vista de sus contenidos, Alaya, de sorpresa, acordó  suspender todas las declaraciones previstas y centrarse en el estudio de esta documentación previsiblemente por la importancia de algunas de sus revelaciones Se da la circunstancia de que el sucesor de Viera, el exconsejero Antonio Fernández y su ex director general Javier Guerrero, se hallan ingresados en prisión preventiva.  En este informe  se revela que además del propio Viera, también se acusa al ex director general Juan Márquez y dice  que el exparlamentario Ramón Díaz era "conocedor” de la existencia de tres intrusos.

Apuntan al bufete Garrigues
Para mayor sorpresa de la jornada de ayer,  la juez dictó dos autos acusando al gabinete jurídico de la Junta de actuar de forma "pasivo” en el caso y solicitando a la Junta un organigrama del gabinete jurídico. Por otro lado Alaya ha apuntado también con su dedi al bufete Garrigues. Cabe recordar que dos abogados de este prestigioso bufetes se encuentran actualmente imputados. Este bufete durante 20 años  ha sido el despacho de referencia para la Junta. La juez ha reclamado al despacho que en un plazo de 20 días le remita las cartas de encargo y facturas de la Junta. El informe apunta hacia la futura  imputación de seis personas más

Respuesta de la Junta de Andalucía
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha respondido hace pocos minutos al informe de la Guardia Civil entregado a Mercedes Alaya. Según la Consejera de Presidencia y número dos del PSOE-A, Susana Díaz; dicho informe basa sus valoraciones en “suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio”. Para Díaz ha es “absolutamente falso que los altos cargos de la Consejería de Empleo conocieran o consintieran la extracción o destrucción de documentos relacionados con la trama” de los falsos ERE. Díaz ha dicho que no comparte “en absoluto” que se intente justificar el conocimiento de los hechos por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y ha insistido en que se trata de “suposiciones impropias” que no cuentan con pruebas.

Procedimiento “inquisitorial”
“Creemos que al final estamos hablando de una causa general contra la Junta, con un procedimiento inquisitorial que lo que tienen son fines partidarios”, ha apostillado. La consejera ha indicado que discrepa “tanto en las conclusiones como en el tono” del atestado, y ha pedido que se actúe con “rigor” basándose en pruebas y no en sospechas “para intentar dañar la imagen del Gobierno andaluz o de su presidente”. Ha añadido que le sorprende que haya valoraciones que afectan al derecho presupuestario y a la hacienda pública, y ha afirmado que el atestado no concluye nada que la Junta no hubiera puesto ya en conocimiento de la jueza.

Defensa de Griñán
Sobre Griñán, ha puntualizado que en el 2001 no era miembro del Consejo de Gobierno y que no hay ningún informe de actuación por parte de la intervención de la Junta que manifieste alguna irregularidad. “No hay ninguna comunicación al consejero de Economía y Hacienda sobre la posibilidad de algún tipo de irregularidad en los años que dice el atestado”, ha añadido.