Miércoles, 1 de Octubre de 2014
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Economía
Los banqueros comienzan a estar hartos de Rajoy y Guindos
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Cuando el actual Ejecutivo tomó el relevo a finales de diciembre del pasado año, una de las primeras decisiones que tomó Rajoy fue poner a trabajar a Luis De Guindos, ministro de Economía, para convencer a los mercados de que la reforma financiera iba a dejar a la banca española libre de cualquier problema. De hecho, fue De Guindos (en detrimento de su compañero de Hacienda, Cristóbal Montoro) el primer ministro económico en comparecer en una multitudinaria rueda de prensa, el jueves 2 de febrero, un día antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros, para explicar una nueva fase de la reforma financiera que a la postre no ha servido de nada de cara a evitar la implantación de un ‘banco malo’.

El “decretazo”
El plan, plasmado en un decreto-ley al que los propios banqueros llaman “decretazo”, consiste básicamente en que la banca ponga de su bolsillo 52.000 millones de euros (en provisiones y capital)  para sanear sus activos inmobiliarios y así convencer a los mercados de que ya es imposible un desastre, porque bajen lo que bajen los precios de la vivienda y el suelo, la banca española estará cubierta. Las prisas del Gobierno por llevarse bien con los mercados financieros internacionales y tratar de convencer a los socios europeos le hicieron olvidar algunos detalles que ahora va a tener que arreglar, si le dejan, con una solución de compromiso.

El Banco de España entra en juego
Desde aquel 2 de febrero y durante más de dos meses, ha sido el Ministerio de Economía el encargado de explicar a todos los interlocutores políticos y a los analistas privados las bondades de la nueva reforma. Sin embargo, a partir del jueves 19 de abril entró en juego el Banco de España. El Gobierno había entendido que los socios europeos no iban a consentir que la banca española saliera indemne de la crisis y habían elevado la presión para obligar a España a crear un ‘banco malo’. En otros países europeos ya se había creado esa figura, consistente en una nueva entidad, sostenida en parte con ayudas públicas, que aglutina las inversiones peligrosas de los bancos para dejar sus balances limpios y permitirles retomar su actividad de dar préstamos a particulares y empresas.

Activos inmobiliarios
En España la banca no tenía prácticamente activos financieros tóxicos (productos de ingeniería financiera vendidos a precio de oro aunque no tenían respaldo real), pero sí tiene un problema, cuantificado en 180.000 millones de euros, con créditos problemáticos de recuperar al cien por cien concedidos a promotores inmobiliarios y constructores durante la burbuja inmobiliaria. La nueva fase de la reforma financiera aprobada por el nuevo Gobierno del PP ofrecía a los mercados el sacrificio de que las entidades financieras asumieran contra sus propias cuentas de resultados elevar hasta un 65% la cobertura de las viviendas en construcción y hasta el 80% la del suelo sin construir. Después de ello, vender estos activos a precios de entre el 20% del que figura en la tasación para las fincas y del 35% en el caso de los pisos en construcción no darían problema alguno a los bancos.

Versión opuesta
¿Cuál es el problema? En los países que han creado ‘bancos malos’, estas nuevas entidades se quedan con la porquería y la banca, saneada desde el principio, va recomprando y asumiendo las pérdidas de los disparates financieros que hizo, pero poco a poco, según vaya ganando dinero con la recuperación. En España, el Gobierno, fiel a la idea del Ejecutivo anterior de no crear ese ‘banco malo’ y de que sea el propio sector financiero el que asuma sus problemas, obliga a las entidades financieras a poner sobre la mesa 52.000 millones de euros para devolverles la fiabilidad ante los mercados internacionales.

Pero si eso funciona, los gobiernos europeos que optaron por la solución de inyectar dinero público en grandes cantidades a la banca pierden el argumento de que esa era la única solución posible para salvar al mundo del desastre financiero. Con Alemania a la cabeza, Europa se niega entonces a aceptar un plan que no contenga la creación de una entidad que aglutine los activos malos, que en el caso de España son inmobiliarios. Y además prefieren que lo financie el Fondo de Rescate Europeo, porque con ello ya podrán decir que la banca española se ha salvado gracias al rescate de Europa.

Los bancos, hartos
Una vez en este punto, el Gobierno decide que hay que crear ese ‘banco malo’, o un grupo de ‘bancos malos’, donde la banca deposite sus activos inmobiliarios durante unos años a la espera de tiempos mejores para los precios de la vivienda y del suelo. Siguiendo también la determinación tomada por el Ejecutivo anterior de Zapatero, De Guindos se niega a que ese ‘banco malo’ esté financiado con dinero público, sea español o del Fondo de Rescate Europeo, y pacta entonces con el Banco de España la búsqueda de capital extranjero, preferiblemente asiático, para sostener la financiación de todos esos activos inmobiliarios durante el tiempo que tarden en ser vendidos. Los bancos, que ya habían adoptado soluciones parecidas hace meses, como en los casos de La Caixa y Bankia, transmiten al Ministerio su malestar por tener que gastar 52.000 millones para dejar en manos de inversores externos al sector unos activos previamente saneados.

Voluntario, pero menos
El Ministerio de Economía negocia ahora con la banca el precio al que esos activos serán puestos en el ‘banco malo’, ya que si se depositan al que resultaría de restar las provisiones del precio tasado, sería muy barato, a costa de la pérdida de beneficios y los ajustes internos de recorte que habrán tenido que hacer para cumplir los objetivos del “decretazo”. El equipo de De Guindos se escuda en que la fórmula que aprobará el Gobierno será voluntaria, es decir, que los bancos que no quieran no tienen por qué sumarse a la creación del ‘banco malo’. Los bancos no están de acuerdo, porque en su opinión si alguno se niega a entrar en esta solución será acusado por los mercados de no querer sacar a la luz su problema y el tamaño real de sus activos problemáticos, con lo que será castigado en la Bolsa.

Relación complicada
Esa es una de las causas por las que el propio presidente del Santander, Emilio Botín, decía hace pocos días, de forma enérgica, que la banca española no necesita un ‘banco malo’. Las condiciones han sido puestas de tal manera que ahora la entidad que no se sume va a ser castigada por los mercados, mientras que los fondos que asuman la financiación del ‘banco malo’ pueden llevarse los activos a un precio que será garantía de jugosas plusvalías con solo esperar a que se reactive la economía. El Gobierno del PP no ha tardado ni cinco meses en agriar sus relaciones con el sector financiero, algunos de cuyos dirigentes se mostraban claramente partidarios de un cambio de poder cuando gobernaba el Ejecutivo socialista.

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