Presión a sindicatos y partidos
El plan de Interior es una clara medida de presión a las organizaciones sociales y partidos, que se verían obligados a adoptar mecanismos de prevención para evitar posibles delitos, algo que parece altamente difícil de conseguir para un sindicato o partido político.
Modificar el Código Penal
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en la última reforma del Código Penal, en 2010, pero esta modificación no incluía a partidos políticos ni sindicatos. Si la propuesta anunciada por Interior va adelante, se tendrá que modificar el Código Penal.
Disolución de organizaciones o suspensión de sus actividades
Las consecuencias para las personas jurídicas serían, como pena más habitual, la multa, aunque en los casos más graves se pueden aplicar otras más duras como la disolución de la entidad, la suspensión de actividades o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas.
Endurecer las penas por atentado contra la autoridad
Además de la modificación del artículo 31 bis del Código Penal para que las organizaciones asuman la responsabilidad por posibles delitos cometidos por determinadas personas, Interior pretendía que el delito de atentado contra la autoridad y sus agentes incluyera no solo la resistencia activa sino también la resistencia pasiva grave. Justicia ha asegurado que esta reforma no se llevará a cabo.
Como kale borroka
El plan de Interior incluye que la pena mínima en los atentados contra agentes de la autoridad aumente de uno a dos años para que se pueda imponer en estos casos la prisión provisional. Asimismo que la pena por el delito de resistencia a la autoridad no considerada grave, de seis meses a un año de prisión, pase a entre uno y tres años. Las conductas que busquen “perturbar gravemente el orden público” concertadas a través de cualquier medio, incluido Internet, serían vistas como la kale borroka o pertenencia a grupo criminal.
