Con los argumentos de "situación de bloqueo" que vive Radio Televisión Española, del que responsabilizó al PSOE por no querer llegar a un acuerdo, de que la corporación RTVE "no tiene posibilidad de presentar ni aprobar las cuentas anuales" necesarias para aplicar los "planes de austeridad" en el ente público, Soraya Sáenz de Santamaría explicó el cambio legislativo. Llegó incluso a afirmar que seguirá siendo el Parlamento quien nombre al presidente y consejeros de RTVE y que eso por lo tanto garantizaría su pluralidad, porque en caso contrario el Gobierno hubiera decidido nombrar al presidente de la radio televisión pública directamente.Pero la vicepresidenta siguió justificándose y llegó a decir que lo aprobado hoy ya se contemplaba en la Ley de Zapatero. De ser eso cierto ¿Por qué han modificado la Ley?

Contra el espíritu de la ley
La Ley aprobada por el Gobierno anterior no sólo estipulaba por primera vez que el presidente y los consejeros de RTVE serían elegidos por el Parlamento, sino que sería necesario el voto favorable de dos tercios de la cámara, lo que obligaba a un entendimiento entre PP y PSOE. También que el mandato sería por seis años para desligarlo de los periodos electorales. Esta Ley preveía también una excepción, solo una y para el primer presidente elegido por esa Ley: que en caso de que no se alcanzara un acuerdo en dos meses los nombramientos se decidieran por mayoría absoluta. Para los presidentes que vinieran después ya era siempre obligatorio los votos de dos tercios de la Cámara. Lo que ha hecho el PP es, por tanto, cargarse de un plumazo el espíritu de la Ley y, además, no contar toda la verdad. Pondrán a quien quieran y como quieran.

Sin sueldo
Para blanquear más la medida, el Gobierno ha anunciado que se reduce el número de consejeros de la corporación de 12 a 9, que no cobrarán sueldo fijo -ahora cobran 110.000 euros anuales- y sólo cobrarán dietas.

El camino a seguir
En cuanto a la Televisiones Autonómicas , directamente han creado la Ley que permite su privatización y señala el camino a las comunidades autónomas que no quieran privatizarlas: si deciden seguir con la gestión pública no podrán ser deficitarias, tendrán que equilibrar gastos e ingresos en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ninguna, absolutamente ninguna televisión pública es rentable, precisamente porque deben priorizar el servicio público al comercial.