Estamos ante una reforma que no es adecuada para afrontar la situación de elevado desempleo y estancamiento de la demanda agregada, y que está diseñada principalmente para trasladar al exterior la imagen de que el Gobierno está acometiendo reformas estructurales de calado. Además, se trata de una reforma tremendamente inoportuna en la coyuntura económica actual de la Eurozona, con todos los indicadores señalando el inicio de una nueva recesión. Los cambios que introduce el Gobierno en el mercado laboral generan un serio riesgo de que España entre en una espiral de caída de rentas y de empeoramiento de las expectativas que va a dañar seriamente el consumo privado y con ello las posibilidades de iniciar una recuperación a corto plazo.

Los argumentos del Ejecutivo
Los argumentos del Gobierno para llevar a cabo esta reforma son básicamente dos: (1) abaratar el despido va a generar nuevos empleos, y (2) un ajuste a la baja de los salarios va a aportar competitividad a la economía española. Ambos argumentos se basan en un diagnóstico equivocado, ya que se apoyan en razonamientos teóricos difícilmente trasladables a la realidad actual de nuestra economía.

Así no se incentiva la contratación
Por un lado, flexibilizar y abaratar el despido no son claves necesarias para incentivar a las empresas en el momento actual a contratar nuevos trabajadores, sino que van a ser elementos utilizados para ajustar a la baja las plantillas, dadas las dificultades por las que atraviesan todos los sectores de actividad. ¿Qué empresa en España no está experimentando un descenso de sus ventas durante los últimos trimestres y tiene malas expectativas para 2012 y 2013? Sin duda existirán algunas, pero se trata de contadas excepciones. Por tanto, un mercado de trabajo más flexible puede que ayude a crear más empleos cuando se inicie una fase ascendente del ciclo (aunque no necesariamente serán empleos estables y de calidad como los que serían deseables), pero en el momento actual las medidas de mayor flexibilidad y menor coste del despido van a incrementar notablemente el desempleo.

El ajuste a la baja de salarios
En segundo lugar, la idea de ajustar a la baja los salarios en España para mejorar la competitividad de las empresas y promover así el crecimiento no es sólo errónea –dada la aportación que realiza el sector exterior al PIB y las perspectivas de una demanda externa deprimida- sino que significa dar pasos por una senda peligrosa que nos puede encaminar al abismo de que en 2013 haya en España más de 6,5 millones de parados.

Las posibles ganancias de competitividad que puedan lograrse con el ajuste a la baja de los salarios podrían aportar algo a nuestro PIB si se produjese a corto plazo un cambio de ciclo en la UE que introdujese dinamismo en nuestros principales mercados de exportación. En la coyuntura actual que indica que la crisis puede tomar la forma de W (nuevo descenso de la actividad económica tras una leve recuperación de la fuerte caída de 2008-2009), es previsible que los mercados europeos para gran parte de nuestros productos de exportación tengan una evolución muy débil en los próximos trimestres. Esto supone que la mayor competitividad que los sectores exportadores puedan lograr gracias al ajuste a la baja de los salarios no vaya a suponer una aportación al crecimiento de la economía española, mientras que en los sectores orientados al mercado interior se puede materializar solo en una recuperación de los márgenes empresariales.

Una factura a la economía
En resumen, la reforma laboral que ha aprobado el PP para tratar de lanzar al exterior una imagen de Gobierno reformista puede significar una enorme factura para la economía española. En la coyuntura recesiva en la que está entrando la Eurozona, el Gobierno introduce serios riesgos adicionales en España al plantear una reforma radical de las relaciones laborales que resulta inadecuada para generar empleo a corto plazo, y que puede suponer un frenazo a la demanda interna que agrave la crisis hasta límites insoportables. No es un escenario irreal y catastrofista pensar que la tasa de desempleo pueda superar el 25% –algo a lo que puede contribuir esta reforma laboral al facilitar el despido y con la rebaja de salarios- y si el país alcanzase esa situación sería realmente difícil lograr una recuperación que nos lleve en menos de una década a los niveles de riqueza y bienestar de la época anterior a la crisis.

Gustavo Nombela es responsable del área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar de la Fundación IDEAS, coordinador del informe “Crisis y reforma laboral: efectos sobre la economía española”