En todo caso hay que apreciar la decisión del monarca, que en parte debemos a la fuerte presión social y a la necesidad de reaccionar ante el deterioro de la imagen de la monarquía producida por el comportamiento de miembros de la Familia Real. Ha contribuido a ello. Eficaz aunque involuntariamente, su yerno Iñaki Urdangarín, “El Yernísimo”.
De estas corrupciones no está exenta la infanta Cristina que aparece como accionista en varias de las sociedades fantasmas creadas para distraer dineros públicos. La hija del Rey no puede alegar ignorancia ante los ingresos espectaculares obtenidos tontamente por su esposo. Solo la adquisición del palacete de Pedralbes que costó al menos ocho millones de euros resulta más que sospechosa.
Más vale tarde que nunca. Finalmente la Casa Real ha puesto en su web información sobre sus cuentas, y ello es un hecho positivo. Aunque insuficiente.
La Casa ha publicado los aspectos que tenían mas morbo como el sueldo del rey y del príncipe y con menor precisión los ingresos englobados en el vago concepto de gastos de representación de la reina y las infantas. Sin embargo el desglose general por capítulos, más aburrido pero no menos relevante, es demasiado general.
De lo publicado se desprenden unos sueldos más que generosos para el rey – 292.000 euros al año, la mitad para gastos de representación -y del príncipe – 146.000 euros – son muy superiores a los que reciben los demás altos cargos del Estado. El presidente del Gobierno cobra 78.000.
La reina, la princesa de Asturias y las infantas percibieron en conjunto en 2011, 375.000 euros de cuya aplicación se desconocen todos los detalles.
También llaman la atención los altos complementos salariales percibidos por sus empleados encubiertos en el eufemismo de estímulos a la productividad. Cuando se generalizan estos dejan de ser estímulos para integrar el salario.
Choca, por ejemplo, la distribución de 150 comidas diarias gratuitas, bonos para el transporte público y otras regias gabelas de las que no disfrutan otros servidores públicos.
Seguimos sin conocer lo que realmente nos cuesta a Casa Real al no explicitarse los gastos asumidos por los ministerios de Exteriores, Interior, Presidencia y por Patrimonio Nacional.
Pero, desde mi punto de vista, lo más lamentable son las escasas garantías del control de las cuentas. Unas cuentas sin una auditoria verdaderamente independiente no son fiables. No son unas cuentas como Dios y la Santa Transparencia mandan.
Palacio explica con cierto descaro que están auditadas por un interventor pero es una verdad a medias, o sea una falacia.
No es un interventor del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda destinado a la Casa como de forma reglada trabajan en todos los ministerios y otros organismos públicos. Se trata de un señor contratado por Palacio para hacer la función técnica de controlar unas cuentas que solo recibe el Rey.
Con el mayor respeto para la competencia y la honorabilidad del contratado su labor se limita a confeccionar una mera auditoria interna, conveniente pero insuficiente. Como se sabe en 2007 la Casa contrató a un interventor jubilado con la función de poner orden en unas cuentas que hasta ese momento se llevaban de forma un tanto caótica.
El cometido del interventor, Oscar Moreno Gil, 76 años de edad, jubilado en la Intervención del Estado, consiste en “el control de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable” de la Casa del Rey como se expresaba en la norma que creó, tan tardíamente, esta figura. Al ser un nombramiento de carácter interno, no da cuentas ni al Gobierno ni al Parlamento ni al Tribunal de Cuentas.
Durante mucho tiempo, durante décadas, hasta que ingresó en la cárcel, circulaba por palacio como por su casa Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del Rey. Este hombre, amigo intimo del monarca, que murió en situación de tercer grado carcelario, confundía con frecuencia las cuentas y actividades mercantiles reales con las particulares de Don Juan Carlos y las suyas propias.
A este respecto la Casa de S.M. se escuda en que tampoco las cuentas de las Cortes son auditadas por el tribunal de Cuentas. Otra falacia pues sería absurdo que las Cortes, representantes de la soberanía nacional que aprueban los presupuestos y controlan su ejecución se sometieran al control de otra instancia.
Las cuentas del jefe del Estado debieran someterse al mismo tratamiento que las de la Presidencia del Gobierno, por poner un ejemplo.
