El programa Espejo Público de Antena 3 ha difundido nueva información sobre un intento de producción audiovisual protagonizado por Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018. Según ha asegurado el matinal este jueves, 8 de mayo, existía un presunto acuerdo económico que contemplaba un adelanto de 20.000 euros y un pago total de 300.000 euros por su implicación en el proyecto.
Las conversaciones sobre el supuesto contrato fueron obtenidas a través de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. En ellas, la actual pareja de Quezada detallaba las condiciones del documental en una llamada a una tarotista en octubre de 2023.
Detalles del plan y presuntas irregularidades penitenciarias
De acuerdo con la investigación, Quezada habría grabado contenido desde el interior de la prisión de Brieva utilizando un teléfono móvil presuntamente facilitado por dos funcionarios, ahora investigados por posible colaboración. Según las fuentes citadas, estos trabajadores penitenciarios le habrían proporcionado el dispositivo a cambio de favores sexuales. Con este teléfono, la interna habría mantenido contacto con su pareja y habría participado en la grabación de secuencias audiovisuales sin autorización de Instituciones Penitenciarias, lo que constituye una infracción grave en el sistema penitenciario.
La familia de Gabriel Cruz se opone y denuncia amenazas
Patricia Ramírez, madre del menor asesinado, denunció públicamente la existencia de este proyecto documental, señalando la falta de consentimiento para grabar en el centro penitenciario y la intención de lucrarse con un crimen. Además, solicitó protección judicial tras declarar que había recibido amenazas de muerte de parte de Quezada. La jueza denegó esta petición por no apreciar riesgo suficiente.
Una estrategia para cambiar de prisión
Además del intento de realizar el documental, la investigación judicial refleja que Ana Julia Quezada también habría intentado casarse con su pareja actual para solicitar un traslado a una cárcel catalana. Este cambio, de haberse concedido, podría haberle permitido acceder a un régimen penitenciario más favorable. Estas acciones se desarrollaron, supuestamente, mientras Quezada cumplía condena firme por asesinato con alevosía y ocultación de pruebas, una pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratificada por el Tribunal Supremo.
