Un incremento del personal para poder llegar más lejos y en profundidad, así como que los nuevos efectivos puedan contar con el apoyo material y tecnológico que potencie su trabajo, volviéndolo así más ágil y pudiendo cubrir un mayor número de casos, que lleven a una mejor prevención y seguridad en los puestos de trabajo. Esta es la premisa con la que se procederá a implementar mejoras en este servicio público a través de un Plan Estratégico que ha sido diseñado, teniendo claro que "la hoja de ruta que establece esta estrategia tiene por objetivo convertir el organismo en una entidad moderna, eficaz y transparente”, tal y como aseguró la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, quien puso en valor la relevancia de adaptar el organismo a un mercado de trabajo cada vez más complejo, en el que se han realizado importantes reformas estructurales que han mejorado los derechos laborales y la calidad del empleo.
La última memoria publicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social corresponde al ejercicio del año 2023, el número total de denuncias que fueron presentadas y admitidas a trámite alcanzaron la cifra de 107.864 llegando a concluir hasta 651.585 órdenes de servicio, de las que 394.656 tienen un origen planificado por la propia Inspección. Este fue un año en el que se procedieron a inspeccionar 550.096 centros de trabajo pertenecientes a 403.339 empresas, dando lugar a 1.188.135 actuaciones, de las cuales 443.178 fueron en materia de seguridad social, 536.697 de prevención de riesgos laborales, 157.785 de relaciones laborales, 30.283 de empleo y extranjería, y 20.192 de otras actuaciones. De esta manera, se detectaron un total 127.210 infracciones a la legislación del orden social (incluyendo 1.678 requerimientos a la Administración), con un importe de las sanciones propuestas de 522.537.294,83 euros.
Asimismo, se formularon 230.843 requerimientos (sin incluir los 1.678 requerimientos a la Administración), 2.120 consultas y asesoramiento, 80 paralizaciones de obras, trabajos o tareas y 1.975 informes sobre presunta responsabilidad penal. El importe de los expedientes liquidatorios de cuotas debidas a la seguridad social fue de 941.647.985,59 de euros.
Para continuar estas labores, enfocadas principalmente a la protección del trabajador, se diseña ahora este Plan estratégico a desarrollar entre 2025 y 2027.
Inspectores, administrativos y técnicos, más manos para desarrollar los trabajos
Hasta 554 inspectores y subinspectores pasarán a formar parte de esta sección del ministerio de Trabajo y Economía Social. Se irán incorporando progresivamente entre 2025 y 2027 para dedicarse a Empleo, Seguridad Social y Salud Laboral. Tal y como apuntan desde la institución, la estrategia potenciará la cualificación y formación permanente de los actuantes para contar con un equipo más especializado. Así, según la ministra, "estas medidas evidencian el refuerzo presupuestario sostenido que el Ministerio ha estado dedicando al organismo en los últimos años”.
Tecnología al servicio de los trabajadores: inversión para las labores diarias
Más de 28 millones de euros dedicará el ministerio a incluir mejoras en este sentido, con la intención de utilizar la tecnología en las nuevas formas de lucha contra las distintas formas de fraude. En este sentido, se prevé la creación de un laboratorio de informática forense especializado en la obtención de evidencias digitales mediante la aplicación de técnicas de informática forense, que permiten examinar los sistemas informáticos. También se reforzará el personal técnico y administrativo.
Asimismo, se crearán nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y se potenciarán las actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.
Líneas de trabajo marcadas por dos ejes y 17 objetivos
En cumplimiento de la legislación, que exige a las entidades estatales un plan de actuación que se revise cada tres años, el Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) plantea un proyecto que garantiza los derechos laborales y sociales en un contexto económico de intenso crecimiento económico y del empleo tras la introducción de medidas normativas que mejoran los derechos laborales y la calidad en el empleo. Con el objetivo de ofrecer un servicio público centrado en la persona trabajadora, el plan contiene 17 objetivos agrupados en dos ejes.
El primero se centra en la actividad inspectora y define las líneas de actuación prioritaria en 10 objetivos que abarcan las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, promoción y protección del empleo, seguridad social y lucha contra el trabajo no declarado. El segundo eje identifica las medidas estructurales, organizativas y operativas que tienen por fin ofrecer un servicio público eficaz, cuya metodología es cada vez más solicitada por organismos similares de otros países a través de visitas y asesorías técnicas.
En los últimos años además se ha observado un notable interés en la actividad de la Inspección, tras incrementarse el número de denuncias y comunicaciones en el buzón de la ITSS presentadas en los últimos años (un 43% entre 2021 y 2024). Es por ello que la estrategia otorga prioridad a los asuntos que más preocupan a las personas trabajadoras como la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo o las condiciones salariales.
Esta hoja de ruta prevé mejorar los servicios electrónicos a disposición de los ciudadanos con una nueva sede electrónica que funciones como el punto central de la comunicación entre la ITSS y el ciudadano.
“Esta estrategia busca alcanzar altos estándares de calidad en el cumplimiento de un servicio público en un contexto de incremento de demanda de actuaciones, con nuevas leyes que garantizan los derechos laborales, la calidad del empleo y fomentan el empleo decente”, concluyó la vicepresidenta.
